El problema con las motos y sus ocupantes sin casco y licencias entregadas sin examen representa un riesgo grave para los automovilistas. En las calles de nuestra ciudad circula una realidad peligrosa y cada vez más visible: decenas —a veces cientos— de motociclistas ruedan sin casco, muchos de ellos jóvenes, y en ocasiones han obtenido su licencia sin haber pasado un examen serio, cruzándose peligrosamente y rebasando por la izquierda como si nada. Es una mezcla explosiva: vehículos ligeros, gran velocidad relativa en tránsito urbano y seguridad mínima. El resultado son más accidentes graves, hospitalizaciones costosas y vidas interrumpidas.
El primer golpe visual —y emocional— lo da el casco que no existe, está mal colocado o mal abrochado. El casco salva vidas, reduce el riesgo de muerte y de traumatismo craneoencefálico severo. Pero en la práctica se observan conductores con cascos que no cumplen normas o sin casco alguno. Esto no es sólo una falta al reglamento vial, sino una apuesta al azar con la integridad física.
¿Por qué ocurre? Las causas son múltiples y se combinan con economía y necesidad. La motocicleta es la opción más barata para trabajar y desplazarse. Muchos la compran como herramienta de trabajo —repartidores, mensajeros y empleados informales— y priorizan el gasto en el vehículo antes que en un casco de calidad o cursos de seguridad; el problema es la falta de control efectivo. Donde hay menos vigilancia, las malas prácticas proliferan: poca fiscalización de cascos homologados y verificaciones de documentación dispersas.
Al parecer, los trámites son irregulares. Rumores y experiencia cotidiana apuntan a que en ciertas oficinas, o gracias a gestores, se agilizan licencias sin exigir examen práctico y teórico. Estas licencias “rápidas” crean conductores sin formación mínima, sin cultura de riesgo y con desconocimiento. Muchos conductores subestiman el peligro: “Voy cerca”, “es sólo un tramo corto”, “yo controlo”, son pretextos que normalizan conductas peligrosas.
También son responsables los empleadores que presionan por tiempos y entregas, fomentando el exceso de velocidad y el descuido en medidas de seguridad. Las consecuencias se ven en los hospitales: cortes, fracturas, lesiones cerebrales y pérdidas humanas que afectan a familias enteras. Un accidente de moto no es sólo un daño físico inmediato, sino pérdida de ingresos, gastos médicos imprevistos y secuelas que cambian vidas. Además, el sistema de salud y los servicios de emergencias reciben una carga mayor, desviando recursos que podrían atender otras emergencias.
¿Y la administración pública? Tiene responsabilidad directa. La entrega de licencias debe ser rigurosa, con examen teórico sobre normas, examen práctico que pruebe control del vehículo y registro claro. Asimismo, la inspección de cascos y la fiscalización vial deben ser constantes y visibles para generar cambio de comportamiento.
Creemos que será necesario endurecer y transparentar la expedición de licencias, digitalizar procesos, exigir registro biométrico y publicar estadísticas públicas sobre licencias emitidas. Auditorías periódicas reducirían trampas y gestores informales, asegurando un control real y sostenido. Operativos focalizados, revisiones de cascos y sanciones proporcionales a las faltas pueden cambiar incentivos. No se trata sólo de multas, sino de supervisión.
Sería muy útil para la prevención que existieran programas de subsidio y entrega de cascos certificados. Ofrecer cascos homologados a bajo costo o gratuitos a trabajadores vulnerables, combinados con campañas educativas, produciría un impacto rápido, junto con educación vial desde la escuela y en centros de trabajo. Urge impartir cursos breves y obligatorios para quienes tramiten una licencia, con contenidos prácticos y ejemplos reales.
Para detener la problemática, hay que involucrar a empresas de reparto. Estándares laborales que exijan casco y cursos a sus moto-repartidores, con inspecciones laborales y sanciones si no cumplen, y usar tecnología mediante aplicaciones que registren horas de práctica, exámenes en tabletas con preguntas aleatorias y cámaras que detecten falta de casco o exceso de velocidad en puntos críticos.
Quizá sería más sencillo si se crean incentivos positivos como programas de “conductor seguro”, con descuentos en seguros o mantenimiento para quienes cumplan formación y acrediten buenas prácticas.
Para que estas medidas funcionen debe haber coordinación entre municipio, autoridades de tránsito, centros de salud y la sociedad civil. Es clave también la transparencia: publicar datos locales sobre accidentes, edades de los implicados y sanciones aplicadas ayuda a orientar políticas.
Un dato para recordar, aunque general: la inmensa mayoría de accidentes con lesiones graves en moto estarían mitigados con casco y con conductores capacitados. No es una solución completa, pero sí la más efectiva y menos costosa si se implementa de forma masiva.
Las calles de nuestra comunidad no deberían ser una zona de apuestas. Cada casco bien puesto y cada licencia obtenida con un examen serio es una historia que puede seguir adelante. Urge que tomemos medidas claras y rápidas; la prevención es vida y, en este caso, la vida rueda sobre dos ruedas; y desde luego, el control de los conductores tiene el objetivo de detener que la delincuencia organizada utilice este medio de transporte para asaltar, matar o robar. Sería una apuesta al control para así terminar con el flagelo que nos afecta a todos los ciudadanos. ¿No cree usted?