La nueva legislatura llegará dentro de tres quincenas, los diputados electos ya se preparan para tomar las riendas de un Congreso que se ha calificado mal, ya que a muchos de ellos se les considera corruptos debido a que utilizaron su paso por el Congreso para beneficiarse personalmente o para beneficiar a sus cercanos. La elección de los magistrados no fue la mejor, y menos con la claridad que pedíamos los miembros de la sociedad civil organizada; ahora los nuevos diputados serán los que deberán definir sus acciones y destino como legislatura. Son pocos los que repiten: Francisco Sánchez y Andrea Gordillo; nuevos de la oposición será Daniel Martínez Terrazas y los morenistas que estarán integrados
a la fuerza que comandará el buen Rafa Reyes, quien desde luego ya señaló la intención de que su bancada, siendo la mayoritaria, se quede con las comisiones importantes del Congreso, y la lucha interna está totalmente del lado de Morena porque son más de 14 diputados los que les da la mayoría calificada para hacer lo que les venga en gana, de forma totalmente diferente, ya que Cuauhtémoc Blanco tuvo un Congreso en contra porque no existió alguien que políticamente pudiera ponerse de acuerdo con el cuerpo colegiado. En esta ocasión, el
coordinador del grupo mayoritaria es gente de la gobernadora Margarita González Saravia y del Dr. Juan Salgado Brito, quien llevará la política interna del gobierno, por lo que la relación será de forma totalmente diferente a la de la legislatura que ya termina. En un hecho sin precedente que el Tribunal de Justicia Administrativo está pidiéndole al Congreso del estado la separación del cargo de los presidentes municipales de Puente de Ixtla, Jonacatepec, Tlaquiltenango y Zacatepec, ya hace unos días separaron del cargo al presidente
de Ocuituco; la verdad, qué bueno que hagan cumplir la ley, pero lo importante es que los municipios no sean los que paguen el desorden que se provoca con el cambio de alcalde en cada uno de ellos; están a seis meses de terminar y el desorden puede afectar el cambio de estafeta, la ventaja es que la claridad con la que trabaja el magistrado Guillermo Arroyo Cruz es garantía de que las cosas se harán de manera apegada a la ley. Ahora se alza la propuesta de que el “halconeo” sea un delito, lo que está bien, pero lo que necesitamos
los morelenses es que se termine el cobro de piso que ahora hasta los ciudadanos nos lo están cobrando; según el gobierno, es desde la cárcel de donde salen las llamadas para amenazarte y decirte que son de un cártel, de la “Familia michoacana” o “Jalisco Nueva Generación”, y te exigen que pagues en efectivo, cuando la mayoría de las veces eres un ciudadano dedicado a trabajar para salir adelante. Los ciudadanos estamos cada vez más viviendo en peores circunstancias que las que vivíamos anteriormente.
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