Como en el cuento de “ahí viene el lobo”, así nos cuentan que pronto cumplirá el gobierno con la promesa de hacer justicia y meter a la cárcel a los ladrones que lo antecedieron; una vez más, desde hace ocho meses, seguimos escuchando declaraciones de que “ahora sí” y que encontraron tal fraude o tal faltante en tal parte, pero no pasa nada.
Bien dicen que prometer no empobrece y el dar es lo que aniquila, porque a pesar de las promesas, de las que en este inicio de semana tuvimos una más, el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado afirmó que existen avances en las más de 40 denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción, aunque éstas no sean difundidas; sin embargo, dijo, ya son 12 las que han sido resueltas y los responsables vinculados a proceso; otras están en revisión por parte del Tribunal Superior de Justicia por la inconformidad del Ejecutivo. Aunque no reveló los nombres, confió que hay funcionarios de primer nivel involucrados, cosa que no es novedad y que es del conocimiento público.
“Sí hay avances; se han judicializado ya algunas otras carpetas de investigación, son alrededor de 12; algunas han sido resueltas vinculándose a proceso, algunas otras no se han vinculado y están en revisión por parte del TSJ, porque nos hemos inconformado; el día viernes se tiene prevista una audiencia más de una carpeta en la cual se había solicitado formulación de imputación y se había retirado, y nuevamente se está presentando para la formulación de imputación”, dijo el abogado del gobierno. Cosa que hemos escuchado infinidad de veces, pero lo cierto es que hay mucha propaganda y en verdad no pasa nada.
Sotelo Salgado comentó que las carpetas son de diferente ámbito, desde Desarrollo Agropecuario, Turismo, del Instituto de Vivienda; al final, confió, sí hay funcionarios de primer nivel, y aunque no quiso decir nombres, son todos aquellos que se mencionan en las denuncias.
Pareciera que los asuntos no avanzan, aseveró, pero mientras no prescriban los delitos la investigación continua, y de todos estos expedientes ninguno de los 40 se encuentra en este caso.
Para el funcionario estatal, a pesar de que no se haga evidente o se difunda, sí están avanzando los casos y continúan a la espera de formulación de imputaciones; y respecto a aquellas donde ya existe la formulación a proceso, quienes consideran que les afecta están recurriendo a la revisión, pero cada una va cumpliendo el procedimiento conforme a la ley.
Lo que todos pensamos que está muy bien, pero, si no se apuran, el fantasma de la impunidad está a punto de llegar; bastante tienen con las acusaciones que ahora les han hecho en los diarios nacionales, y que en verdad han creado en la ciudadanía una reacción, si no escandalosa, sí preocupante.
Esperemos que las promesas se cumplan y pronto podamos ver un poco de justicia, por el solo hecho de saber que no existe impunidad en el estado; las cosas en el país no están fáciles, y menos aún en el estado, así que ojalá los funcionarios dejen de hacernos promesas y podamos ver realidades tangibles, porque -la neta- de promesas tuvimos más de seis años en los que la mentira imperó en toda su extensión, y en ocho meses no hemos visto la diferencia y queremos verla.
No se arreglan las cosas pidiéndole a Dios, la realidad es que hay que enfrentarla de frente, lo cierto es que la inseguridad crece y todos los días hay nuevos muertos, y nos estamos acostumbrando a ello, cuando antes por uno solo se caía un gobierno. Seguimos escuchando que se tienen buenas intenciones, pero no olvidemos que, según el dicho, “el camino del infierno está lleno de buenas intenciones”. ¿No cree usted?
En otro asunto, transportistas de la zona conurbada del estado pidieron a los legisladores locales que se reforme la ley, para prohibir a la empresa “Uber” prestar servicio público en Morelos.
Los líderes de distintas agrupaciones del transporte público se reunieron este lunes con la presidenta de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación del Congreso local, Elsa Delia González Solorzano, a quien expusieron que dicha empresa ha causado graves pérdidas al sector organizado.
Por ello, consideraron necesario que se prohíba la circulación de los vehículos que trabajan por medio de la aplicación “Uber”, o de lo contrario que se les establezca el cobro de derechos ante la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT).

 

Teodoro Lavín León
lavinleon@gmail.com / Twitter: @teolavin

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