Esta semana hay dos noticias que nos dan una dimensión de lo que sucede en el estado: una, el triunfo de los ejidatarios de Amilcingo al impedir de plano la operación del gasoducto en Morelos y, desde luego, las mediocres acusaciones del Fiscal Anticorrupción, que más bien parecen una manera de decir: “Estoy haciendo algo que no es verdaderamente estar persiguiendo la corrupción”.
En el primer asunto, el ejido de Amilcingo obtuvo la suspensión, de plano, que impide que la operación del Gasoducto Morelos, que forma parte del Proyecto Integral Morelos, lo que activistas consideran “un triunfo”, pues luego de siete años de lucha, por primera vez se obtuvo un recurso que evita la circulación de gas por esa comunidad.
Sabemos que es un triunfo de la comunidad y significa millones de pérdida para el gobierno federal, al que le urge que se produzca mas energía eléctrica en el país; ya en Yucatán se han tenido los primeros apagones en toda la península, que se subsanan de manera verdaderamente difícil, por lo que el gobierno federal pondrá a jugar todas sus fichas para lograr hacer funcionar el gasoducto.
La falta de conocimiento de la realidad morelense, por parte de la autoridad federal, y dicen que la intervención de el crimen organizado en la población, son factores que desde luego pesan en esta problemática.
En conferencia de prensa, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, informaron que, con el fallo del juez noveno de Distrito en la entidad, “no sólo se protege a la comunidad de Amilcingo, sino a las 60 comunidades afectadas por el Gasoducto Morelos, pues al no poder pasar el gas natural por la comunidad de Amilcingo, el gasoducto no puede operar en el resto de su trayecto para alimentar la central termoeléctrica en Huexca”.
El triunfo va más allá del recurso que obtuvieron, en enero de 2019, cuatro comunidades de Atlixco, que lograron que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Puebla, para el efecto de que sean consultadas respecto del paso del gasoducto por sus tierras. Sin embargo, la suspensión de la operación del Gasoducto Morelos, prácticamente paraliza las operaciones.
Y es que la suspensión durará en lo que se resuelva de fondo el juicio de amparo respectivo, a lo que seguramente se sumarán los recursos que impulsen las más de 80 comunidades afectadas por el Proyecto Integral Morelos; con ello “podemos tener un nuevo respiro de que no seremos despojados en nuestros bienes naturales, salud y seguridad”, expresaron integrantes del referido Frente.
La única forma en que podría operar la termoeléctrica de Huexca sería que el gobierno federal “pretenda violar la orden judicial federal e iniciar, como lo han intentado los gobiernos anteriores, el funcionamiento del Proyecto Integral Morelos”, advirtieron los activistas. Y es que, según el Frente, ni las pruebas de violación a derechos de las comunidades, ni las posibles afectaciones al ambiente y la salud, han podido detener el proyecto, sólo el derecho agrario, como esta vez.
El gobierno no va a violar la ley, pero si va aponer todo de su parte y todas sus fichas para hacerlo funcionar a como dé lugar.
El Proyecto Integral Morelos incluye un gasoducto para el traslado de gas natural desde Tlaxcala, pasando por Puebla y llegando a Morelos, así como la instalación de dos termoeléctricas de ciclo combinado en la comunidad de Huexca, en Yecapixtla. Desde su inicio, más de 80 comunidades en las tres entidades iniciaron la resistencia en su contra. No obstante, por la vía de la fuerza se echó a andar.
Pelear con el gobierno federal no es fácil, y siendo en este momento que necesita recursos, una pérdida tan grande, pienso que va a buscarle por todos lados para echar a andar su proyecto. ¿No cree usted?
El otro asunto con el que todos se emocionan es el de la acusación de los más débiles de los corruptos del régimen pasado, porque el que la Fiscalía Anticorrupción de Morelos formulara la imputación por el ejercicio indebido del servicio público a siete exfuncionarios del gobierno de Graco Ramírez, entre ellos la ex Secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina; el ex Secretario de Desarrollo Sustentable, Topiltzin Contreras MacBeat; así como al primo del ex mandatario, Rafael Bolívar Garrido Niembro, ex Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable, no es nada vista la manera en que saquearon el estado.
Así mismo, fueron imputados Sergio Beltrán Toto, uno de los amigos personales del hijastro del ex gobernador, Rodrigo Gayosso Cepeda, y de sus principales operadores financieros, cuando desempeñaba el cargo de Subsecretario de Evaluación y Seguimiento, así como su sucesor José Gonzalo Mariscal Álvarez; además de Lucero Campos Mercado, ex Directora de Obras Públicas; y el ex Supervisor de Obra Marco Antonio García Hernández; el delito imputado a estos siete ex funcionarios de ejercicio indebido del servicio público, está relacionado con la denuncia iniciada por el actual Gobierno del Estado, que detectó que, a pesar de que se destinaron 13 millones 800 mil pesos para la construcción de una planta valorizadora de residuos sólidos ubicada en el municipio de Yautepec, ésta nunca funcionó porque fue construida con irregularidades.
La excepción fue Beltrán Toto, que es un súper ratero que manejó el dinero de la reconstrucción después del sismo, por lo que, o es muy raro que la imputación estuviera mal hecha o se hizo así a propósito para que no lo toquen. ¿No cree usted?
Por: Teodoro Lavín León / lavinleon@gmail.com Twitter: @teolavin