Tercero interesado: Economía circular del agua

Cada vez es más evi­dente que la cri­sis hídrica que enfren­ta­mos en México requiere aten­ción inme­diata. Se trata de un pro­blema que ame­naza la segu­ri­dad, el desa­rro­llo y la cohe­sión social. La sobreex­plo­ta­ción de acuí­fe­ros, la con­ta­mi­na­ción de cuer­pos de agua y la ine­fi­cien­cia en su uso con­for­man un esce­na­rio crí­tico, agra­vado por el cam­bio cli­má­tico y el cre­ci­miento urbano, en muchos casos expo­nen­cial y desor­de­nado. En este con­texto, el con­cepto de la “eco­no­mía cir­cu­lar del agua” se pre­senta como una alter­na­tiva sólida, un modelo que busca maxi­mi­zar el apro­ve­cha­miento del recurso hídrico y mini­mi­zar el des­per­di­cio, aban­do­nando el esquema tra­di­cio­nal de “extraer, usar y dese­char”.

Este enfo­que pro­pone cerrar los ciclos del agua mediante su tra­ta­miento, reu­ti­li­za­ción y recu­pe­ra­ción, en el que las aguas resi­dua­les dejan de ser un dese­cho para con­ver­tirse en un insumo reno­va­ble: agua tra­tada para riego o indus­tria, nutrien­tes rein­cor­po­ra­dos a la agri­cul­tura y ener­gía gene­rada a par­tir del lodo esta­bi­li­zado, así como el desa­rro­llo de “líneas mora­das”. Así, el agua deja de tener un único uso y se inte­gra en un sis­tema rege­ne­ra­tivo que opti­miza los recur­sos y pro­tege el entorno frente a la tri­ple pre­sión hídrica que vivi­mos, es decir, cre­ciente demanda, baja efi­cien­cia y alta vul­ne­ra­bi­li­dad cli­má­tica. En México, ape­nas alre­de­dor del 40 % de las aguas resi­dua­les reco­lec­ta­das recibe tra­ta­miento ade­cuado, y en muchos muni­ci­pios las fugas en dis­tri­bu­ción supe­ran el 50%. Estos datos con­fir­man que el cam­bio de modelo no es una opción, sino una urgen­cia.

Adop­tar la eco­no­mía cir­cu­lar del agua exige una visión inte­gral; no basta con tec­no­lo­gía e infraes­truc­tura; el éxito depende de la coor­di­na­ción ins­ti­tu­cio­nal, la gober­nanza y la volun­tad polí­tica. En este sen­tido, las comi­sio­nes esta­ta­les del agua y los sis­te­mas muni­ci­pa­les de agua y sanea­miento, son acto­res esen­cia­les por su cono­ci­miento téc­nico sobre cuen­cas, estrés hídrico y ges­tión local que per­mite dise­ñar solu­cio­nes ajus­ta­das a cada caso, dado que una cola­bo­ra­ción efec­tiva entre ambos nive­les de gobierno se tra­duce en una mayor efi­cien­cia ope­ra­tiva y mejor pla­nea­ción regio­nal.

Tran­si­tar hacia una eco­no­mía cir­cu­lar del agua no solo es ambien­tal­mente res­pon­sa­ble, sino finan­cie­ra­mente via­ble, pues a menor extrac­ción de fuen­tes natu­ra­les, mayor aho­rro en bom­beo y dis­tri­bu­ción; el reúso dis­mi­nuye la pre­sión sobre fuen­tes dul­ces, y apro­ve­char la ener­gía con­te­nida en los lodos —por ejem­plo, mediante bio­gás— con­vierte un resi­duo en recurso. Este modelo puede tra­du­cirse en inno­va­ción tec­no­ló­gica, empleo local y mayor resi­lien­cia urbana.

El con­cepto de eco­no­mía cir­cu­lar se sus­tenta en tres prin­ci­pios: mini­mi­zar exter­na­li­da­des, man­te­ner los recur­sos en uso y rege­ne­rar el capi­tal natu­ral; que, apli­cado al agua, se tra­duce en menor extrac­ción, mayor reúso y pro­tec­ción de eco­sis­te­mas; sin embargo, su imple­men­ta­ción requiere trans­for­ma­ción ins­ti­tu­cio­nal, inver­sión, coo­pe­ra­ción entre acto­res y un cam­bio cul­tu­ral pro­fundo. Per­sis­ten resis­ten­cias socia­les frente al uso de agua tra­tada, y en muchas regio­nes la regu­la­ción aún es débil o ine­xis­tente. La edu­ca­ción ambien­tal y la comu­ni­ca­ción pública deben ocu­par un papel cen­tral, expli­cando que el agua tra­tada, bajo están­da­res ade­cua­dos, es segura, via­ble y parte esen­cial del futuro.

La eco­no­mía cir­cu­lar del agua incor­pora ade­más una dimen­sión social y terri­to­rial. La cap­ta­ción de llu­via en techos, cis­ter­nas o alji­bes ofrece a comu­ni­da­des vul­ne­ra­bles una fuente alter­na­tiva, reduce su depen­den­cia del sumi­nis­tro con­ven­cio­nal y for­ta­lece su auto­no­mía hídrica.

No se trata de una solu­ción mágica, sino de una estra­te­gia sen­sata frente a la cri­sis hídrica nacio­nal. México cuenta con expe­rien­cia ins­ti­tu­cio­nal, talento téc­nico y cono­ci­miento acu­mu­lado que bien puede impul­sar y for­ta­le­cer mejo­res polí­ti­cas públi­cas en este sen­tido, tomando ven­taja de la inno­va­ción tec­no­ló­gica y la par­ti­ci­pa­ción social. La coor­di­na­ción entre nive­les de gobierno detona una posi­tiva ges­tión del agua, cons­ti­tu­yendo un pro­ceso rege­ne­ra­tivo, social­mente justo; finan­cie­ra­mente via­ble; polí­ti­ca­mente inclu­yente; y, ambien­tal­mente sus­ten­ta­ble.

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