Jiutepec.- El uso de una camioneta oficial del Ayuntamiento de Jiutepec para distribuir cerveza a negocios vinculados con la familia del alcalde Eder Rodríguez Casillas fue documentado mediante fotografías y testimonios. El hecho ha generado una profunda indignación ciudadana por tratarse de un presunto desvío de recursos.
Las imágenes captadas muestran una unidad rotulada con logotipos institucionales de la administración 2025–2027 transportando decenas de charolas de cerveza. Según los reportes, el producto, presuntamente de la marca Modelo Especial, se encontraba oculto bajo una lona de propaganda política del propio edil.
Lo más grave es que el vehículo era conducido por un trabajador del municipio en horario laboral. De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el conductor reconoció que realizaba la entrega por instrucciones directas de Daniel Casillas, hermano del alcalde.
Negocios familiares bajo la lupa
La mercancía habría sido distribuida en establecimientos identificados como “Los Tres Potrillos” y “La Coyotería”. Ambos negocios han sido relacionados directamente con familiares del presidente municipal, lo que agrava la situación ante la opinión pública de los ciudadanos morelenses.
Especialistas en derecho administrativo señalan que el uso de bienes públicos para fines privados puede configurar el delito de peculado. Según el Código Penal del Estado de Morelos, este ilícito alcanza penas que van de los 4 a los 12 años de prisión.
Además, la Ley de Responsabilidades Administrativas es clara: los servidores públicos deben abstenerse de intervenir en asuntos donde exista un interés personal o familiar. Este caso representaría un conflicto de interés directo que debe ser sancionado por las autoridades competentes.
Recursos públicos al servicio privado
Cada traslado documentado implica costos que son cubiertos íntegramente con recursos del erario. Esto incluye el combustible, el desgaste del vehículo oficial y el pago del sueldo del chofer involucrado, dinero que proviene de los impuestos de los habitantes de Jiutepec.
Este abuso ocurre en un contexto donde el municipio enfrenta serios rezagos en servicios públicos y una crisis de seguridad. Mientras la flota oficial se usa para repartir alcohol, los ciudadanos denuncian que para emergencias o servicios básicos, nunca hay unidades disponibles.
La Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos prohíbe expresamente estas conductas, considerándolas faltas graves. Los vecinos exigen una investigación inmediata, pues mientras ellos pagan por servicios deficientes, la familia en el poder utiliza el Ayuntamiento como su propia empresa de logística.