Con el pro­pó­sito de garan­ti­zar el dere­cho humano a la iden­ti­dad y brin­dar cer­teza jurí­dica a la pobla­ción, el Gobierno del Estado de More­los publicó un acuerdo mediante el cual se otorga un sub­si­dio fis­cal del 100 por ciento en diver­sos trá­mi­tes y ser­vi­cios que presta la Direc­ción Gene­ral del Regis­tro Civil.

Este bene­fi­cio está diri­gido a per­so­nas en situa­ción de vul­ne­ra­bi­li­dad, entre ellas inte­gran­tes de la comu­ni­dad LGBTIQ+, per­so­nas indí­ge­nas o en con­di­cio­nes de mar­gi­na­ción, migran­tes, así como fami­lia­res de per­so­nas desa­pa­re­ci­das, siem­pre que cuen­ten con la iden­ti­fi­ca­ción ofi­cial corres­pon­diente que acre­dite el supuesto.

De acuerdo con el docu­mento ofi­cial, el sub­si­dio aplica a una amplia gama de trá­mi­tes, entre los que se inclu­yen la cele­bra­ción de matri­mo­nios rea­li­za­dos en las ofi­ci­nas del Regis­tro Civil en días y hora­rios hábi­les; la expe­di­ción de actas de naci­miento por rea­sig­na­ción de con­cor­dan­cia sexo-gené­rica; así como correc­cio­nes mediante acla­ra­ción o rec­ti­fi­ca­ción de actas.

Asi­mismo, el des­cuento total con­tem­pla la emi­sión de cer­ti­fi­ca­cio­nes, como cons­tan­cias de ine­xis­ten­cia de regis­tro y bús­queda de actas de naci­miento, matri­mo­nio o defun­ción; la expe­di­ción de copias cer­ti­fi­ca­das de actas tanto del estado de More­los como de otras enti­da­des fede­ra­ti­vas, siem­pre que sean impre­sas en las ofi­ci­nas del Regis­tro Civil; y los trá­mi­tes rela­cio­na­dos con defun­cio­nes, inclui­dos regis­tros, per­mi­sos de exhu­ma­ción, cre­ma­ción y tras­la­dos de cadá­ve­res o ceni­zas.

Para acce­der a este bene­fi­cio, las per­so­nas inte­re­sa­das debe­rán pre­sen­tar una soli­ci­tud por escrito ante la Direc­ción Gene­ral del Regis­tro Civil o direc­ta­mente en las

áreas donde se lleve a cabo el trá­mite corres­pon­diente.

El acuerdo entró en vigor el 16 de enero y per­ma­ne­cerá vigente hasta el 31 de diciem­bre de este año, como parte de las accio­nes del Gobierno esta­tal para faci­li­tar el acceso a dere­chos fun­da­men­ta­les y redu­cir barre­ras eco­nó­mi­cas en trá­mi­tes esen­cia­les.

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