Puerto Peñasco, Sonora.– En medio de un entrenamiento rutinario de tiro real, el capitán de navío Adrián Omar del Ángel Zúñiga, un oficial con una trayectoria marcada por el control aduanero en uno de los puertos más estratégicos de México, perdió la vida este martes. La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) lo describió como un "presunto accidente", pero el timing no podría ser más inquietante: es el segundo marino muerto en menos de 24 horas, en un contexto de investigaciones que han sacudido los cimientos de la institución, revelando una red de corrupción millonaria por "huachicol fiscal" –el robo de combustible a través de facturas falsas y evasión fiscal– que involucra a altos mandos, funcionarios y empresarios.
¿Casualidades fatales o eliminaciones selectivas para silenciar testigos?
Fuentes consultadas por este medio y un análisis exhaustivo de documentos judiciales, reportes oficiales y testimonios en redes sociales apuntan a un patrón sospechoso que podría desentrañar una cacería de brujas interna o, peor aún, una purga para proteger a los intocables.
El Incidente en Puerto Peñasco: Un Entrenamiento que Termina en Tragedia
La Semar emitió un comunicado oficial esta tarde confirmando el deceso del capitán Zúñiga, de 45 años, durante una práctica de tiro en las instalaciones de la Base Naval de Puerto Peñasco, Sonora. Según el informe preliminar, el oficial manipulaba un arma de fuego cuando se produjo un "disparo accidental" que le causó heridas letales en el torso. "La institución lamenta profundamente esta pérdida y ofrece todo el apoyo a la familia", reza el texto, que promete una investigación interna exhaustiva.
La Secretaría de Marina-Armada de México expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real y extiende sus condolencias y solidaridad absoluta a sus seres queridos, asegurando que se les otorgará…
— SEMAR México (@SEMAR_mx) September 9, 2025
No se detallaron las circunstancias exactas –como el tipo de arma o si hubo testigos–, pero el incidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas locales, en una zona remota del Golfo de California usada para simulacros navales.
Zúñiga no era un oficial cualquiera. Entre 2022 y 2024, fungió como administrador de la Aduana de Manzanillo, Colima –el puerto con mayor movimiento de carga en América Latina y epicentro de operaciones de contrabando de hidrocarburos. Durante su gestión, Manzanillo fue blanco de múltiples denuncias por irregularidades en el despacho de combustible, incluyendo importaciones apócrifas que evadían impuestos por miles de millones de pesos.
Un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de 2023, señaló anomalías en el 15% de las operaciones aduaneras bajo su mando, con discrepancias en volúmenes de diésel y gasolina que coincidían con patrones de "huachicol fiscal". Zúñiga dejó el cargo en enero de 2024 por "acuerdo mutuo", según fuentes internas de la Semar, pero su nombre surgió en declaraciones de detenidos esta semana, vinculándolo periféricamente a la red que operaba en puertos del Pacífico y Golfo.
En redes sociales, el anuncio desató especulaciones inmediatas. Un hilo en X (antes Twitter) de un usuario verificado, @REscobarOficial, con miles de interacciones, listó a Zúñiga como el quinto marino muerto en contextos sospechosos relacionados con el caso, cuestionando: "¿también se quitó la vida, lo presionaron al suicidio o se la quitaron?". Otro post de @rubengluengas, periodista independiente, tituló: "Suicidio de marino involucrado en huachicol fiscal desata sospechas: ¿Falla en seguridad de la SEMAR o muerte conveniente?".
Búsquedas en X revelan al menos 50 publicaciones en las últimas 24 horas con hashtags como #HuachicolFiscal y #MarinosMuertos, muchas de ellas de cuentas de activistas y exmilitares que exigen autopsias independientes.
El Suicidio en Altamira: ¿Presión o Conveniencia?
Menos de 24 horas antes, el lunes 8 de septiembre, otro capitán de la Semar, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, de 42 años, fue hallado sin vida en su oficina en la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas. La Semar confirmó el deceso como un "suicidio por arma de fuego", con Pérez aparentemente disparándose en la cabeza. El oficial era jefe de esa unidad, responsable de la seguridad en el puerto de Altamira –otro hotspot del contrabando de combustible– y había sido implicado directamente en la red de huachicol fiscal por el exdirector de Aduanas de Tampico, detenido el 2 de septiembre.
Pérez Ramírez recibía sobornos mensuales por permitir la descarga ilegal de diésel, según testimonios en la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Un video filtrado en X muestra pipas de combustible llegando al puerto con olores sospechosos –"olía a diésel, no a aditivo", según un operador anónimo–, lo que alertó a inspectores y desencadenó las detenciones iniciales.
La FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, aclaró hoy en conferencia que Pérez "no estaba formalmente vinculado" al caso principal, atribuyéndolo a un "problema personal". Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo admitió en su mañanera: "Sin certeza de que fuera huachicolero", pero ordenó una revisión exhaustiva.
Críticos, como el senador panista Ricardo Anaya (@RicardoAnayaC), lo llaman "el escándalo de corrupción más grande de la historia", con pérdidas estimadas en 170 mil millones de pesos –20 veces el monto de Segalmex y 40 veces la Estafa Maestra– y exigen investigar a Andrés Manuel López Obrador y al almirante Rafael Ojeda Durán, tío del principal detenido.
Búsquedas en Facebook y sitios de noticias, revelan testimonios de familiares de Pérez que cuestionan la versión oficial: "No era deprimido; estaba nervioso por las auditorías", dijo un primo en un post viral con más de 10 mil reacciones.
La ASF reportó en 37 auditorías a la Semar entre 2021 y 2025 que no hallaron corrupción, pero el Órgano Interno de Control sí detectó irregularidades en puertos como Altamira y Manzanillo por 2.5 mil millones de pesos en evasiones fiscales
La Red del Huachicol Fiscal: Nepotismo, Muertes y Millones Evadidos
El epicentro de esta tormenta es la detención, el 2 de septiembre, de 14 personas en una operación conjunta de la FGR, la Semar y la Guardia Nacional. Lidera la lista el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, de 58 años, sobrino del exsecretario de Marina Rafael Ojeda (2018-2024). Farías, quien juró lealtad en enero de 2024 como comandante de la Décima Zona Naval en Tampico, es acusado de encabezar una red que importaba combustible de EE.UU. con facturas falsas, evadiendo el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) y el IVA.
La operación, bautizada "Cero Impunidad", decomisó 15 millones de litros de hidrocarburo irregular y clausuró gasolineras en Coahuila y Tamaulipas.
Otros detenidos incluyen a nueve marinos más –capitanes y tenientes–, cinco civiles como el ex juez Anuar González de Alba (conocido por liberar a los implicados en el caso "Los Porkys" en 2016) y empresarios como los hermanos Farías Laguna, dueños de flotas de pipas.
Un reportaje de El País detalla cómo la red operaba con nepotismo: Farías Laguna protegía a su hermano, también marino, y usaba contactos familiares para sobornar inspectores. Se estima que movieron 10 millones de barriles ilegales, generando 170 mil millones en daños fiscales –equivalente al 0.3% del PIB mexicano.
Pero el rastro de sangre es lo que más alarma. Además de Pérez y Zúñiga, la FGR vincula al contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, ejecutado en junio de 2024 en Manzanillo tras denunciar a los Farías ante Ojeda. Guerrero recibió 15 disparos de armas de alto calibre en su vehículo; la investigación lo relaciona directamente con represalias por exponer la red. Otro caso: el empresario Julio Almanza Armas, asesinado el 30 de julio de 2024 en Tamaulipas por denunciar el trasiego ilegal.
En X, hilos como el de@NacionNortena listan operativos en Saltillo donde se aseguraron carrotanques con permisos apócrifos, sugiriendo que la red se extiende a más estados.
Auditorías de la ASF y reportes de la Procuraduría Fiscal (hoy parte de la FGR) muestran que, desde 2021 –cuando AMLO transfirió aduanas y puertos a la Semar por su supuesta "incorruptibilidad"–, las evasiones fiscales en combustible se triplicaron, de 50 mil a 170 mil millones de pesos anuales. Un informe interno de la Semar, filtrado en Facebook por cuentas como @osvaldo.garciamorales2, revela que Zúñiga reemplazó a un funcionario muerto en circunstancias similares en Manzanillo, alimentando teorías de "cadena de silenciamientos".
¿Cacería de Brujas o Purga Interna? Voces que Exigen Transparencia
La oposición no se queda callada. Anaya exigió hoy en el Senado una comisión especial sin "exoneraciones", apuntando a Ojeda y López Obrador por nepotismo. Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena, respondió: "Pueden irse de rodillas a la Basílica por el milagro", descartando investigaciones políticas. Sheinbaum, en su conferencia, defendió a la Semar: "La mayoría son honestos; estos son casos aislados", pero ordenó revisiones a todos los puertos.
Expertos en seguridad, como el analista José Díaz (@JJDiazMachuca), cuestionan la narrativa oficial: "¿Por qué no concentran a todos los exmandos en custodia protectora para evitar 'accidentes'?".
En Facebook, grupos como "Periodistas Unidos" comparten testimonios de marinos anónimos que temen represalias.
Este escándalo no sólo erosiona la reputación de la Semar –vista como baluarte anticorrupción–, sino que expone fallas sistémicas en la transición de aduanas militares.
Mientras la FGR vincula hoy a proceso a Farías y sus cómplices, con prisión preventiva en Reclusorio Norte, las muertes de Zúñiga y Pérez dejan un vacío: ¿silenciarán más voces?
La investigación continúa, pero en México, donde la impunidad reina, las respuestas podrían tardar años. O nunca llegar.