A partir del ocho de agosto entrará en vigor el acuerdo por el que se simplifican varios trámites del Registro Civil con el fin de agilizar procesos.
El Periódico Oficial “Tierra y Libertad” publicó el pasado 11 de julio un acuerdo emitido por la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos mediante el cual se establecerán diversas acciones de simplificación administrativa para trámites ante la Dirección General del Registro Civil.
Esta medida busca agilizar procesos, reducir requisitos y tiempos de respuesta, así como facilitar el acceso a derechos fundamentales como el registro de identidad, matrimonio y defunción.
De acuerdo con la publicación, firmada por el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, el acuerdo entrará en vigor 20 días hábiles después de su publicación, es decir, a partir del ocho de agosto de 2025.
Entre las acciones destaca la reducción de plazos en trámites como el registro de nacimiento ordinario y extemporáneo, reconocimiento de identidad de género, matrimonio, defunción, inscripción de actos del estado civil en el extranjero y correcciones administrativas, las cuales se resolverán en un plazo máximo de 30 minutos a cinco días hábiles, dependiendo del tipo de solicitud.
Respecto a la eliminación de requisitos en varios trámites, ya no será necesario presentar documentos como constancias de inexistencia, copias certificadas de actas de matrimonio de los padres, certificados médicos, entre otros.
Mientras que, en la ampliación de edades para registros, el documento señala que el registro ordinario podrá realizarse hasta los 17 años y el extemporáneo a partir de los 18, sin necesidad de autorizaciones especiales para acudir a una oficialía.
Además, el acuerdo establece que ninguna persona adscrita a la Dirección General del Registro Civil podrá exigir los requisitos eliminados; De hacerlo, se iniciará el procedimiento administrativo o jurisdiccional correspondiente.
Esta simplificación forma parte del Eje Rector “Economía para el Bienestar” del Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030, que promueve políticas de mejora regulatoria para facilitar trámites a la ciudadanía y garantizar su derecho a la identidad, especialmente en sectores vulnerables.