La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó de manera categórica las acusaciones de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien la señaló por supuestamente alentar protestas violentas contra operativos migratorios en Los Ángeles. Sheinbaum calificó estas afirmaciones como “absolutamente falsas” y precisó que nunca llamó a manifestarse de forma violenta.
Durante su conferencia matutina del 11 de junio, la mandataria aclaró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. Mostró el video completo de su llamado, donde únicamente instó a ejercer presión pacífica, a través de cartas, correos electrónicos y participación ciudadana, ante una propuesta de gravar las remesas con un impuesto del 3.5 % en Estados Unidos. Subrayó que ella condenó todos los actos de violencia durante las manifestaciones, como la quema de patrullas, y reiteró que “no estamos de acuerdo con estas acciones”.
En respuesta a la acusación de Noem, Sheinbaum enfatizó que México promueve el respeto a la ley, la defensa pacífica de los derechos de los migrantes y la protección consular para sus ciudadanos en Estados Unidos. Subrayó que la comunidad mexicana en ese país está compuesta en su mayoría por personas trabajadoras —con documentación o residentes de larga duración— que contribuyen significativamente a la economía estadounidense.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, sostuvo que las protestas violentas en Los Ángeles no representan al pueblo mexicano, y ratificó la unidad en la relación bilateral.
Sheinbaum también exhortó a una solución migratoria basada en el diálogo y reformas estructurales, descartando redadas o violencia como soluciones efectivas. Recordó que México ofrece asistencia a migrantes repatriados a través del programa “México te Abraza”.
En este contexto, Sheinbaum enmarcó su postura como un llamado al uso de todos los mecanismos legales y diplomáticos, defendiendo los derechos humanos de los mexicanos en el extranjero. Aseguró que el gobierno mantendrá una estrategia de comunicación diplomática y protección para garantizar el respeto al debido proceso.