¿Quién resiste el próximo golpe? La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ayer el comité técnico-científico, conformado por expertos de la UNAM, el IPN, la UAM y otros centros de investigación, que en dos meses determinará si México puede avanzar en la extracción de gas no convencional —el que está atrapado en rocas compactas en estados como Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila— mediante fracking de “bajo impacto”. Su fallo definirá una de sus propuestas más controvertidas, indicar el camino a seguir para aprovechar un recurso que no se ha explotado por consideraciones ambientales.
México importa el 99% del gas natural que utiliza para producir gran parte de su electricidad, en particular de Texas. Esa cifra muestra su vulnerabilidad estratégica. Las heladas o los huracanes en Texas, las turbulencias geopolíticas o el simple cambio de humor del inquilino de la Casa Blanca pueden convertirse, como ha ocurrido, en interrupciones del suministro, aumentos de precios y presiones que abarcan desde lo comercial hasta lo migratorio.
La tormenta Uri, en 2021, por ejemplo, obligó a Texas a priorizar su propio consumo y restringir las exportaciones, dejando sin electricidad al norte de México, con apagones y sobrecostos millonarios. Hoy, la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, tanto por Irán como por EEUU, han añadido volatilidad a los precios globales del gas que México absorbe sin margen de maniobra. Lograr la mayor soberanía energética posible no es retórica, sino una respuesta a una fragilidad evidente.
Para reducir esa dependencia, la presidenta ha trazado tres líneas. La primera es la eficiencia. Cambiar las luminarias viejas por LEDs, modernizar procesos y reducir las pérdidas en la red para recortar hasta un 15% del consumo de gas en pocos años. La segunda es ampliar la generación con energías renovables: actualmente, México produce cerca del 25% de su electricidad con fuentes limpias, y se espera que llegue al 38% para 2030, con energía solar, eólica, geotérmica e hidroeléctrica financiada por la CFE, capital privado y bonos verdes.
La tercera es la más controvertida: extraer gas no convencional mediante un fracking “de bajo impacto” con CO o nitrógeno en vez de agua, el reciclaje del 60 al 80% del líquido y el uso de aditivos biodegradables. Pemex operaría los campos y grandes empresas especializadas aportarían la tecnología, con esquemas de inversión de miles de millones de pesos al año.
Esta tecnología reduce algunos riesgos, pero no los elimina. Genera emisiones de metano, sismicidad inducida, fugas a acuíferos y conflictos con las comunidades. Lo rechazan varias organizaciones ambientalistas por considerar que la soberanía real no se logrará degradando el agua y el clima.
El comité presentado ayer puede recomendar el fracking o dedicar los recursos a aumentar la eficiencia y a desarrollar energías renovables. La respuesta más pragmática debe ser que, mientras México no tenga capacidad renovable suficiente para sustituir el gas importado, debe explotar sus depósitos de gas no convencional, con estrictos controles ambientales, para dejar de ser rehén de Texas. El fracking no es una solución definitiva, es una alternativa mientras se desarrollan más renovables y debe tener una fecha de salida.
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