CUERNAVACA, MORELOS.- Por mayoría de votos, la Legislatura saliente aprobó ayer un paquete de reformas relacionadas con el Sistema Estatal Anticorrupción con el objetivo de fortalecerlo y evitar que corra “riesgos” por los vaivenes políticos.

Hicieron una cirugía mayor a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) con el objetivo de garantizar su autonomía e independencia de los tres poderes de gobierno, en correspondencia con el Sistema Nacional Anticorrupción, señaló el presiente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Laffitte.

Aumentaron facultades y obligaciones del fiscal, entre otras, la de nombrar al próximo fiscal anticorrupción para un periodo de 7 años.

También tendrá a su responsabilidad a la Procuraduría de Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, adscrita actualmente al DIF estatal, y al Centro de Control y Confianza, C3.

La reforma agrega un capítulo especial a la Fiscalía Anticorrupción que refrenda su autonomía técnica y de gestión, y le garantiza el 5 por ciento del presupuesto total de la Fiscalía General con el propósito de que de resultados en el combate de los delitos de servidores públicos.

Los diputados crearon un órgano de control interno, cuyo titular designarán antes de dejar el cargo e introdujeron la normatividad del Centro de Justicia de la Mujer.

Destacaron que se trata de una ley vanguardista en la que por sí solo, el fiscal no podrá remover al fiscal anticorrupción y ambos se alternarán en los periodos constitucionales.

Por separado, los diputados modificaron el artículo 23A de la Constitución para modificar de 3 a 5 el número de comisionados del IMIPE.

Iniciarán el proceso de designación de los próximos dos nuevos integrantes, apenas logren que los ayuntamientos validen la reforma a la Carta Magna y Diputación Permanente haga la declaratoria.

Por: Antonieta Sánchez
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