La propuesta busca que el Gobierno estatal y los municipios coordinen acciones específicas para personas en situación de calle.
La diputada Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos. La propuesta busca que el Gobierno estatal y los municipios coordinen acciones específicas para la creciente población en situación de calle en el estado.
La legisladora subrayó la falta de datos precisos sobre esta población, aunque recordó que en diciembre pasado se estimó la existencia de 179 personas en situación de calle solo en la zona conurbada de Cuernavaca.
Gordillo Vega enfatizó que las personas en esta situación enfrentan extrema pobreza, lazos familiares debilitados o inexistentes, y carecen de una vivienda regular, lo que las convierte en un grupo altamente vulnerable. Explicó que las principales causas de este fenómeno son problemas económicos, de salud mental, adicciones, problemáticas sociales y desintegración familiar.
La diputada destacó la urgencia de visibilizar esta realidad, que dificulta el ejercicio pleno de sus derechos. Afirmó que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de estas personas, incluyendo el acceso a servicios básicos, protección contra la discriminación y violencia, y el respeto a su dignidad. Esto implica, dijo, medidas para prevenir el desplazamiento forzado, ofrecer atención social adecuada y promover su inclusión en la sociedad.
“La finalidad de la presente propuesta es establecer en la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, el reconocimiento de la población en situación de calle, para constituir de manera precisa las obligaciones del gobierno del estado de Morelos y sus municipios, con este sector vulnerable”, puntualizó.
Entre las acciones que propone la legisladora “Andy” Gordillo, se incluye la creación de un protocolo de atención que establezca las bases para generar alternativas de vida, facilitar el acceso a servicios sociales especializados según sus necesidades y perfil, y revertir las condiciones de exclusión social e inseguridad a las que están expuestas.