Integrantes del frente “Las Constituyentes Feministas” presionaron a diputados de los estados, incluidos los de Morelos, para aprobar la reforma 3de3 y garantizar a las mujeres que ningún maltratador, violador o deudor alimentario, ocupará un cargo público a partir del proceso electoral de 2024.

Las activistas urgieron a los legisladores porque la vigencia de la reforma está a contrarreloj, informó la vocera del movimiento, Yndira Sandoval.

Explicó que por su naturaleza electoral, la reforma federal debe ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y las locales en los periódicos oficiales locales, 90 días antes del inicio del proceso electoral 2023-2024.

A más tardar el 31 de mayo, en virtud de que la declaratoria de inicio del proceso ocurrirá el próximo 1 de septiembre.

Sandoval indicó que, hasta el lunes, la minuta que el Congreso federal remitió a los estados ya había sido aprobada por 10 estados y Morelos aportó ayer el voto 11, y se esperaba llegar al 50% más uno con el voto de otros estados que también sesionaron este martes y la enlistaron en su orden del día.

De acuerdo con la Constitución, se requiere el voto aprobatorio del 50% más uno de los congresos locales para validar cualquier cambio que el Congreso de la Unión apruebe al máximo ordenamiento del país.

La activista por los derechos de las mujeres subrayó que la enmienda a los artículos 38 y 102 de la Constitución general suspende derechos a ocupar cargo, empleo o comisión en el servicio público a personas que sean deudoras alimentarias, agresoras sexuales o que hayan cometido violencia familiar.

PROBLEMA GRAVE EN MORELOS

La enmienda a la Carta Magna general fue trasladada al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, la cual también debe estar vigente a más tardar el 31 de mayo.

Yndira Sandoval indicó que en el estudio que hicieron las organizaciones feministas sobre violencia contra las mujeres en los estados confirmó que en Morelos el problema de violencia contra las mujeres es grave, y hablando de actores públicos, al menos 15, plenamente identificados, han cometido algún delito contra ellas.

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