El retiro de concesiones es una de las últimas etapas a las que podría recurrir el Gobierno del Estado en caso de que transportistas concreten un paro de actividades el próximo 26 de diciembre para exigir un incremento del 50 por ciento a la tarifa del transporte público.
En entrevista, el Coordinador General de Movilidad y Transporte, Jorge Barrera Toledo, explicó que la Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial establece mecanismos legales para garantizar el orden en el servicio, y subrayó que las concesiones no pueden ser utilizadas como un instrumento de presión social. Señaló que la ciudadanía ya no está dispuesta a aceptar esquemas en los que se solicitan aumentos tarifarios sin que exista una mejora real en el servicio.
Barrera Toledo reconoció que más del 60 por ciento de las concesiones operan con unidades que ya superaron su vida útil; no obstante, indicó que la Coordinación ha realizado esfuerzos para no afectar la economía de los transportistas, al permitir durante este año la operación de unidades fuera de norma, con el objetivo de dar margen para su regularización.
El coordinador aseguró que el Gobierno del Estado mantiene abierta la posibilidad de avanzar hacia un proceso de modernización del transporte público mediante apoyos, financiamientos y la implementación de un nuevo sistema, siempre que exista una intención clara de mejorar las condiciones de las unidades, capacitar a los operadores y ofrecer un trato adecuado a los usuarios.
Reiteró que el diálogo con el sector transportista se ha privilegiado y se agotará hasta el último momento, sin embargo, advirtió que, de concretarse el paro, la autoridad está facultada para aplicar las medidas legales correspondientes, entre ellas el retiro de concesiones, aunque insistió en que se trata de un recurso extremo.
Salvador Rosas / salvador.rosas@diariodemorelos.com