Los partidos que cometan violencia política contra las mujeres, o que incumplan con su obligación de prevenirla durante las próximas elecciones, se arriesgarán a perder el registro y a enfrentar la reducción de sus prerrogativas.
Así quedó establecido en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, luego de que los integrantes de la LIV Legislatura armonizaron su contenido con la reforma federal que entró en vigor el pasado 14 de abril, y la cual tiene como finalidad garantizar la participación política de las mujeres.
El Congreso también definió en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el concepto de “violencia política por razón de género”, y enlistó las conductas que pueden ser tipificadas con este concepto.
El Código señala a los partidos políticos, dirigentes y militantes, como los primeros que están obligados a evitar incurrir en esas conductas.
Cuando alguno de los anteriores cometa la falta, será objeto de un procedimiento especial sancionador, a través del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), al que se le dio la facultad, y ante el cual se presentarán las quejas o denuncias.
Las causales de la violencia política por género son impedir o negar a las mujeres su asociación y filiación a un partido; ocultar información para la toma decisiones, esconder convocatorias para el registro de precandidaturas o candidaturas; dar información falsa, incompleta o imprecisa para impedir su registro; obstaculizar las precampañas o campañas para impedir la competencia electoral en condiciones de igualdad, y cualquier acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.
En esta última causal entran las campañas de denostaciones a través de medios públicos, como las redes sociales.
En el caso de los partidos políticos, el incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres podría traerles como consecuencia, según la gravedad de la falta, la reducción de su financiamiento hasta en un 50 por ciento, y hasta llegar a la cancelación de su registro como partido estatal.
ANTONIETA SÁNCHEZ
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