UN ESTIMADO. El pasado domingo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial”.
Ayer, el presidente del Tribunal Superior de Justicia dio un estimado de mil 700 mdp “única y exclusivamente para el retiro de jueces y magistrados, y eso estimando un primer cálculo, independientemente de lo que serían prestaciones”.
Para los estados, el Decreto establece que tendrán un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor para realizar las adecuaciones a sus constituciones locales.
Y, la renovación de la totalidad de cargos de elección de los Poderes Judiciales locales deberá concluir en la elección federal ordinaria del año 2027.
Asimismo, señala que los órganos del Poder Judicial de la Federación y, en su caso, de las entidades federativas, llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria.
Para esta acción, en los estados tendrán un plazo máximo de 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto para enterar la totalidad de los recursos remanentes en dichos instrumentos, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, a lla Secretaría de Hacienda local.
En ese sentido, el presidente del TSJ señaló que “el Poder Legislativo tendrá que ir delineado la agenda para establecer cómo se irá poniendo en marcha los cambios, por lo que de momento tendremos que trabajar de la mano para proponer una ruta que sea más práctica para el Poder Judicial”.