OPACOS. Cuando el Cabildo de Cuernavaca, presidido por el alcalde José Luis Uróstegui Salgado, decide modificar la Ley Orgánica Municipal para permitir la cesión, donación o permuta de bienes públicos sin intervención del Congreso, no estamos ante un simple ajuste administrativo: estamos frente a una puerta abierta a la discrecionalidad.
El patrimonio municipal no es propiedad privada de los regidores; pertenece a la ciudadanía y debe administrarse con transparencia y controles claros.
La falta de acceso a expedientes y dictámenes, denunciada por organizaciones vecinales y la diputada Meggie Salgado, confirma que la opacidad se está normalizando. Conceptos como “beneficio colectivo” o “interés público” no pueden quedar a interpretación de unos cuantos; requieren reglas y vigilancia para evitar abusos.
Cuernavaca no puede permitir que su patrimonio se negocie en lo oscuro. La reforma municipal debe revisarse y someterse a controles legislativos y sociales. De lo contrario, estaremos legitimando un modelo donde el interés público se diluye entre acuerdos políticos y proyectos privados.
VAPEADORES. En el Congreso de la Unión, antes de irse de vacaciones, los legisladores podrían aprobar la iniciativa que prohibe los cigarrillos electrónicos y vapeadores.
Así como otros sistemas o dispositivos análogos y se aplicará hasta 8 años de cárcel para vendedores, comercializadores y productores. ¿Será que funcione?.