TAL VEZ, sólo eso. No parece descabellada la opción de contratación de deuda bancaria para los gobiernos estatal y municipales, aunque ello en automático parece el anticristo… por las experiencias conocidas.
Con el registro de los primeros dos casos de personas infectadas por Covid-19, la probabilidad de aparición de más casos y la contracción de la actividad económica en Morelos, se prevé una etapa muy complicada.
La expectativa de más recursos federales es prácticamente de fantasía, en tanto la recaudación para los dos niveles de gobierno restantes se torna más difícil que de costumbre por la contracción económica a la vista.
¿SE VALE que los gobiernos pidan dinero a los bancos en estos días? La respuesta es sí, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), entidad respetada como centro de investigación de la sociedad.
El pero viene cuando se va a la práctica, porque muchas veces que los gobernantes han echado mano de ese recurso, el destino no acaba de ser benéfico para la sociedad o, en el peor de los casos, es “desviado”.
Es decir, el recurso de contratar deuda bancaria no es malo por sí, sino el manejo de esos dineros, que se torna en deudas que heredan de administración a administración, lo que compromete a los nuevos gobiernos.
EL ESTADO de Morelos ha recurrido regularmente a los créditos, y a pesar de muchos pesares no se encuentra en situación comprometida, con relación a sus fuentes de pago y en comparación con otras entidades.
Verán, la deuda del gobierno morelense con las bancas de desarrollo y comercial se ubica sobre los 6 mil millones de pesos, lo que en razón de sus participaciones federales como respaldo no está tan hundida.
Dirá la SHCP que Morelos tiene “apartado” el 54.8 por ciento de sus participaciones, a diferencia de otros como Quintana Roo que está en el ¡201 por ciento!, Sonora el 122.9 por ciento o Nayarit 74.7 por ciento.
ES DECIR, tal vez no sea tan lesivo contratar nuevos créditos, siempre y cuando el destino de los mismos no sea, pooor supuesto, para el bolsillo personal o el pago de gasto corriente, sino obras y servicios públicos.
Por E. Zapata / opinion@diariodemorelos.com / Twitter: @ezapata1