El 2 de mayo de este 2024, es decir en menos de seis meses, el único integrante del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, cumplirá su periodo de cinco años en el cargo; entonces, el cuerpo colegiado quedará totalmente acéfalo ante la omisión del Congreso del Estado de iniciar el procedimiento para el nombramiento de los cuatro anteriores integrantes que completaron su periodo.
No obstante la crisis en la que se encuentra el Consejo, este año le fueron etiquetados al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) 7 millones de pesos como presupuesto, en el que están contemplados los ingresos de los comisionados que ya no existen.
El CPC encabeza el Comité Coordinador del SEA, integrado por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Fiscalía Anticorrupción, Contraloría del Estado, Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (Imipe), Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Tribunal Superior de Justicia y contralorías municipales; es el responsable de revisar que se cumplan los objetivos del Comité en materia de combate a la corrupción.
Sin embargo, el Consejo no está en crisis porque sus nuevos integrantes no han sido designados; lo estuvo desde que fue creado en septiembre de 2018; primero porque se tardaron casi siete meses en tomar protesta en el cargo, y después más de un año en que se les asignaran recursos.
Esa crisis incluyó la confrontación de sus miembros, después de que la Fiscalía Anticorrupción combatió el nombramiento del secretario técnico, Alejandro González Chávez, y lo acusó de fraude procesal, al intentar solicitar el presupuesto.
La ley señala que a los consejeros ciudadanos los nombra una Comisión de Designación que debe ser nombrada por el Congreso; la primera Comisión nombró en septiembre de 2018 a Roberto Coranguez, Penélope Picazo, Edgar López, Juana Damiana Herrera y Alejandro Enríquez; los cuatro primeros ya salieron y en mayo termina su periodo el último.
Alejandro Enríquez promovió, en abril del año pasado, un amparo para que justicia federal obligara al Congreso a iniciar el proceso de integración de la Comisión de Designación; nada ha pasado hasta ahora, y el escenario no es el mejor, luego de que a nivel federal, el propio presidente ha desdeñado al Sistema Nacional Anticorrupción, el cual se encuentra en la misma situación que el de Morelos.
ANTONIETA SÁNCHEZ / antonieta.sanchez@diariodemorelos.com