En el momento que se daban a conocer, de manera fast track, los nombres de los beneficiarios a recibir pensiones por parte de la anterior legislatura local, en ese entonces dominado por una mayoría perredista afin al gobierno de Graco Ramírez y a sus personajes cercanos, el tema comenzó a generar suspicacias.
Después fue público, que los procedimientos que marca la Ley del Servicio Civil, para pensionar por jubilación fueron violentados; se falsificaron documentos para acreditar mayor temporalidad en un cargo público y poder ubicarse en los supuestos legales para que todos los morelenses les peguemos de por vida a esos personajes que los diputados “enlistaron” con diferentes montos que recibían -algunos todavía reciben- mensualmente.
Ahí veíamos a gente que era público y conocido que llevaban pocos años en la administración estatal (y se notaba) o que tenían compromisos con el gobierno estatal o con los diputados en turno. Entonces, ¿Porqué tendríamos los morelenses que pagarles de por vida, a esos personajes que llegaron de otros estados, sin experiencia para gobernar, lo hicieron mal y todavía trasgreden la ley para hacerse indebidamente de una pensión?
Sin duda, era obligado echar atrás estas “pensiones doradas”; era inconcebible ver nombres de personas que no hicieron nada por Morelos, sino que apenas se terminó su sexenio o trienio y se fueron de Morelos a vivir a otros lados; la decisión de esta legislatura estatal fue acertada y debemos reconocerla como tal, era una ofensa más para los ciudadanos y un despropósito en una entidad que está sobre endeudada y con enormes carencias por trabajarse.
Este escandaloso tema, para muchos ha pasado de noche, ya que fue la cereza del pastel de daños y agravios mayores a las finanzas estatales, pero ¿Debe haber consecuencias? Consideramos que si.
Al menos los diputados deberían hacer públicas y presentar las denuncias correspondientes en contra de los jubilados apócrifos que falsificaron documentos oficiales para inventarse mayor temporalidad en su cargo; también deben prosperar estas denuncias para que reintegren a la tesorería los recursos públicos que recibieron de manera fraudulenta.
Esto debe transparentarse tanto, que deberá salir a la luz pública, los nombres de los diputados o funcionarios públicos que apadrinaron a estos jubilados apócrifos.
Este triste caso, se inscribe en la historia morelense dentro de una larga lista de acuerdos en lo oscuro, que generaron un daño patrimonial que por muchos sexenios pedeceremos.
El tema se fraguó en las últimas dos legislaturas y así como existe la lista de los jubilados apócrifos, debemos exigir una lista con los nombres y apellidos de esos padrinos que avalaron a sus jubilados con su respectivo partido político y entonces si, también que se hagan responsables públicamente del descrédito de este vergonzoso asunto.
Un agravio más, a la memoria colectiva de los morelenses.
Por: Guillermo Amerena Betancourt / amerenaguillermo@gmail.com