Cuernavaca, Morelos.- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Isaac Pimentel Mejía, informó que hasta el momento no existe ninguna notificación oficial por parte de la Fiscalía General o la Fiscalía Anticorrupción contra la titular de la CEARV, Penélope Picazo Hernández.
Ante los recientes señalamientos públicos por presuntos actos de corrupción, el legislador precisó que el Poder Legislativo no cuenta con los elementos jurídicos necesarios para actuar, ya que no ha sido comunicado formalmente sobre investigación alguna.
Sin causales para la destitución
Pimentel Mejía fue enfático al señalar que, mientras no exista una causal debidamente notificada por las autoridades correspondientes, los diputados deben respetar los tiempos legales. "Si no hay una causal, tendríamos que esperar", sentenció el legislador.
Actualmente, el nombramiento de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas (CEARV) tiene vigencia hasta el próximo mes de octubre. De mantenerse esta situación sin pruebas oficiales, Picazo Hernández concluiría su gestión de manera ordinaria.
La controversia escaló luego de que una ciudadana denunciara públicamente irregularidades en el manejo de los recursos destinados a las víctimas en la entidad, lo que puso el foco sobre la transparencia de la comisión.
Vigilancia de recursos federales
Sobre la posibilidad de realizar auditorías locales a la dependencia, el diputado recordó que la mayoría del presupuesto que maneja la CEARV proviene de la federación. Por lo tanto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la instancia encargada de vigilar el uso del dinero.
Sin embargo, el Congreso no descarta revisar los mecanismos de selección para futuros titulares de órganos autónomos o descentralizados. El objetivo es endurecer los filtros y evitar que personajes señalados lleguen a puestos de alta responsabilidad.
De llegar cualquier documento de la Fiscalía en los próximos días, el tema pasará directamente a la Junta Política para determinar si se inicia un procedimiento jurídico o se mantiene el respeto al cierre del periodo constitucional.