Con acuerdos entre concesionarios y autoridades, cada línea de transporte público en Morelos podría incorporar al menos una unidad adaptada con rampas para personas con discapacidad por año, planteó la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad del Congreso del estado.

En entrevista, el presidente de dicha comisión, el diputado Alberto Sánchez Ortega, señaló que a su oficina llegan de manera constante quejas y solicitudes de personas con discapacidad que enfrentan barreras para trasladarse en el transporte público. Aunque reconoció como positivo que ayuntamientos retomen el tema de paradas inclusivas, subrayó que estas acciones resultan insuficientes si las unidades no están adaptadas, pues las rutas no se detienen cuando no cuentan con mecanismos para subir a los usuarios.

Respecto a los costos de dichas adaptaciones, explicó que la instalación de una rampa hidráulica, que implica modificar la parte trasera de la unidad, tiene un precio aproximado de entre 100 y 120 mil pesos. Si bien admitió que se trata de una inversión relevante, consideró que puede ser asumida de forma conjunta entre gobierno y concesionarios si se plantea un esquema progresivo, sin imponer exigencias inmediatas a todas las unidades.

Detalló que en la zona metropolitana del estado operan alrededor de 20 rutas, por lo que, de existir voluntad, el primer año podrían incorporarse 20 unidades accesibles, una por cada línea, y continuar así conforme lo permita la situación económica.

El diputado aclaró que los colectivos de personas con discapacidad no demandan gratuidad en el servicio, sino condiciones de accesibilidad para pagar el pasaje en igualdad de circunstancias. Expuso que la falta de transporte adecuado eleva los costos de traslado, como ocurre en municipios alejados como Axochiapan, donde un viaje de ida y vuelta a Cuernavaca puede superar los 1,400 pesos, lo que limita el acceso a estudios, atención médica o trámites básicos.

Finalmente, Sánchez afirmó que todos los municipios deben avanzar en la implementación de rampas y paradas inclusivas, con atención a sus condiciones geográficas.

Para finalizar, insistió en que la clave está en la voluntad política de los alcaldes y en que la nueva obra pública se planee desde su origen con criterios de accesibilidad, para garantizar de manera efectiva el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad en Morelos.

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