En la historia del narcotráfico en México ningún capo se había atrevido a derribar un helicóptero del Ejército, hasta que en mayo de 2015, uno de los objetivos prioritarios de las autoridades, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del “Cártel Jalisco Nueva Generación” (CJNG), dio la orden en la localidad de Villa Purificación, Jalisco.

Lo que quedó ese 1 de mayo del intento por detenerlo fueron restos de la aeronave con ocho militares y dos policías federales muertos, así como unos 30 camiones incendiados por los sicarios.

Con ese traspié empezó la “Operación Jalisco” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que se realiza en 12 regiones militares, incluyendo la quinta, a la que se encomendó neutralizar al CJNG y recobrar la paz.

Oseguera Cervantes se convirtió en uno de los tres principales enemigos públicos de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de EU, junto a Rafael Caro Quintero (“Cártel de Guadalajara”) e Ismael Zambada, “El Mayo” (“Cártel de Sinaloa”), pero “El Mencho” se distinguió por el reto frontal contra el gobierno.

A más de tres años de los hechos, Oseguera Cervantes sigue libre, y la Quinta Región Militar, al mando de otras agencias de seguridad, gastó más de 7 mil millones de pesos entre 2015 y 2018, según datos del Presupuesto de Egresos de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Francisco Jiménez Reynoso, experto en seguridad nacional de la Universidad de Guadalajara, señala que la Operación Jalisco ha sido “un fracaso, porque los capos no sólo han venido actuando en la región, sino que siguen robusteciéndose”.

La creación de una Comisión Bilateral en agosto pasado entre la DEA, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y la Procuraduría General de la República (PGR) para combatir a “El Mencho”, indicó, es resultado de la ineficacia del gobierno peñista, por lo que la tarea la hereda la presente administración, que este mes interpuso la primera demanda en contra del CJNG, por operaciones con recursos de procedencia ilícita.