En una controvertida decisión, la Cámara de Diputados aprobó la eliminación de 13 fideicomisos pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, con un total de más de 15 mil millones de pesos en juego. La votación final arrojó 259 votos a favor y 205 en contra, dividiendo a los legisladores y sus partidos. 

Los diputados que respaldaron esta reforma, principalmente de Morena, PT y PVEM, argumentaron que la modificación al Artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial federal es legal y busca promover la austeridad en el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura, asegurando que se ajusta a la división de poderes. 

Sin embargo, la oposición, representada por el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, expresó su desacuerdo, alegando que esta reforma es contraria a los derechos de más de 51 mil empleados del Poder Judicial y que vulnera la Constitución al socavar la división de poderes. La diputada panista Margarita Zavala llegó a calificar la reforma como un "atraco" a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. 

El dictamen, que modificó el segundo párrafo del Artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial federal, obtuvo 260 votos a favor y uno en abstención, y se envió al Senado, donde las bancadas oficialistas tienen la mayoría necesaria para su validación, dado que se trata de una reforma a una ley secundaria. 

La eliminación de estos fideicomisos ha generado controversia y manifestaciones en la Ciudad de México y otras ciudades. Los sindicalizados del Poder Judicial han protestado por segundo día consecutivo en contra de la extinción de estos fideicomisos, que se espera que se integren al Presupuesto de 2024. Los enfrentamientos con la policía se han registrado en el Periférico de la capital. 

Margarita Zavala, representante del PAN, calificó la reforma como una "venganza presidencial" dirigida contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y advirtió que la oposición luchará en contra de la medida. 

Por su parte, el diputado de Morena, Hamlet García Almaguer, defendió la reforma y afirmó que los jueces, magistrados y ministros no pueden decidir asuntos que afecten sus intereses personales, subrayando que se busca una Corte más austera y sin privilegios. 

La oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gisela Morales González, rechazó que se hayan utilizado los recursos de los fideicomisos en privilegios y aseguró que algunos de estos fideicomisos están relacionados con derechos de los trabajadores del Poder Judicial. 

La oposición ha advertido que considera la reforma como un precedente grave que podría ser una forma de nacionalización de recursos privados. 

La discusión y aprobación de esta reforma se produce en medio de la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2024, que también ha generado controversias y críticas de la oposición, incluyendo la deuda de 1.9 billones de pesos y la subestimación del precio del petróleo, según legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. 

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