“Nos están condenando a una vejez sumida en la miseria”, declararon jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Cuernavaca, al presentarse ante los Juzgados Federales para presentar un amparo en contra de diversas autoridades municipales de Cuernavaca, al considerar que la administración de José Luis Uriostegui está infringiendo la Ley del Servicio Civil, al otorgarles a los jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Cuernavaca, un incremento mucho menor al que ordena ese ordenamiento, violándose sus derechos humanos.
La asociación civil “JUPEIN”, que agrupa a los jubilados y pensionados del gobierno municipal, por voz de sus dirigentes María De Los Ángeles Franco Pacheco, Silvia María Luisa Hernández Camacho y Gloria Moreno Hernández, explicaron que de acuerdo con la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado y como lo ordenan los propios acuerdos y decretos que les concedieron la pensión, el Ayuntamiento de Cuernavaca tiene la obligación legal de incrementar el monto de sus pensiones en un porcentaje igual al que se incremente el salario mínimo en Morelos.
“Esa no es una dádiva, ni una concesión graciosa ni un favor que nos hace la autoridad, es un mandato legal que no está siquiera sujeto a negociación y que el Cabildo debió prever en el presupuesto del año en curso”, argumentaron las líderes de esta agrupación, quienes señalaron que desde el inicio de este año, estuvieron insistiendo con el Alcalde José Luis Uriostegui y con el Secretario de Administración Israel Yudicó Herrera para que se incrementaran las pensiones conforme a la ley, sin embargo solo encontraron prepotencia y cerrazón; “ofrecieron solo un 3% no retroactivo, pagadero en junio, lo que rechazamos por que no se trata de negociar el incremento, se trata de cumplir la ley”.
En diciembre del año pasado, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que fija los salarios mínimos generales y profesionales, emitió un resolutivo en donde fijan los salarios mínimos que rigen a partir del 1 de enero de 2022, fijándose para la zona económica donde se encuentra Morelos, un incremento del 22%, de los cuales corresponde un factor de aumento por fijación igual a 9%, que sería el porcentaje que demandan los pensionados del Ayuntamiento.
Las líderes hicieron hincapié en que la omisión en que han incurrido las autoridades municipales, violan el derecho humano de los jubilados y pensionados para tener una vida digna, pues la dádiva que arbitrariamente otorgó el Ayuntamiento, “ni siquiera se acerca al índice inflacionario que está sufriendo nuestra economía”; con esa miseria, dijeron, es “imposible que un jubilado o pensionado pueda tener acceso al mínimo de sus gastos de subsistencia cotidianos, o que le alcance para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, como dice el artículo 123 constitucional”, por esa razón es que consideran que, además de ilegal, la actuación de las autoridades municipales es violatoria de sus derechos humanos.
Las integrantes de la asociación se declararon confiadas en que serán escuchadas por la Justicia Federal y que se obligará al Ayuntamiento Capitalino a que otorgue el incremento que manda la Ley; “no se trata de confrontarnos con la autoridad ni mucho menos causarle un perjuicio u obstaculizar su función, se trata de que la autoridad sea la primera en cumplir con la ley y no la primera en violarla”, concluyeron.