Juana Hilda González Lomelí, de 49 años de edad, fue liberada la noche del miércoles del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 16, ubicado en el poblado de Michapa, municipio de Coatlán del Río, luego de pasar 19 años en prisión acusada del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, ocurrido en 2005.
Su liberación ocurrió alrededor de las 23:00 horas, en cumplimiento a la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que le otorgó un amparo liso y llano tras determinar que su proceso estuvo viciado por actos de tortura y violaciones graves al debido proceso.
González Lomelí fue trasladada en una camioneta desde el interior del penal hasta la entrada principal del Cefereso. Ahí, personal del centro penitenciario le entregó su constancia oficial de libertad.
Al salir, visiblemente emocionada, expresó estar en “shock” y “muy contenta” por haber recuperado su libertad. Agradeció especialmente al abogado Víctor Parada Picos y al equipo de la Defensoría Pública Federal que la representó durante años. Adelantó que en los próximos días ofrecerá una conferencia de prensa para ampliar su postura ante los medios.
Con su liberación, el caso Wallace vuelve a poner en duda la solidez de las acusaciones contra otros implicados, cuyos procesos podrían verse afectados tras la resolución de la Corte que invalidó las principales pruebas en su contra por haber sido obtenidas bajo tortura.
Hugo Alberto Wallace Miranda fue secuestrado el 11 de julio de 2005, tras salir de Plaza Universidad, en la Ciudad de México. Su madre denunció el hecho dos días después y aseguró que recibió llamadas de los supuestos captores exigiendo rescate.
En los meses siguientes, la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) inició una investigación que derivó en la detención de Juana Hilda González en enero de 2006. Según su defensa, la mujer fue torturada y drogada para incriminar a otras personas. El caso se volvió mediático luego de que Miranda de Wallace colocara espectaculares con las identidades de los presuntos responsables y ofreciera recompensas.
González Lomelí fue sentenciada en 2010 por secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de fuego. Sin embargo, su defensa sostuvo que las irregularidades en su proceso la convirtieron en víctima del sistema judicial.
Con esta decisión de la SCJN, se abre la puerta a que otros detenidos por el caso Wallace puedan también buscar su libertad, bajo el argumento de que las pruebas que los incriminan han sido consideradas inválidas.