Con base en lo que establece el marco jurídico estatal, Juan Salazar Núñez sigue siendo titular, con licencia, de la Fiscalía Anticorrupción, informó el vicefiscal Edgar Núñez Urquiza.
El vicefiscal, quien en este momento cumple funciones de encargado de despacho con un amparo en contra de su ilegal destitución del cargo el pasado 14 de septiembre, por haber solicitado una orden de aprehensión en contra del fiscal general, Uriel Carmona Gándara, explicó que la solicitud de licencia sin goce de sueldo que promovió Juan Salazar concluirá el próximo 16 de octubre.
Para efectos legales, detalló que, aunque el fiscal anticorrupción fue obligado a renunciar al cargo por Carlos Montes Tello, incondicional de Uriel Carmona, y su suplente durante el tiempo que estuvo preso, la Constitución refiere que la Fiscalía Anticorrupción goza de autonomía.
Y, aunque también señala que el nombramiento del titular depende directamente del fiscal, su remoción tendría que hacerse desde el Congreso con base en un procedimiento administrativo, hasta ahora, inexistente.
Por lo anterior, dijo que Juan Salazar mantiene su condición de fiscal con licencia y acusó que la renuncia que presentó, obedeció, en todo caso, a una actuación irregular por parte del responsable de la FGE, no sólo en contra del fiscal anticorrupción, sino en contra suya y de unos 20 trabajadores de la dependencia, quienes en este momento son objeto de intimidación y coacción para que renuncien a su fuente laboral.
Núñez Urquiza abundó que ya presentó las denuncias correspondientes por estos actos administrativos ilegales, ya que la Ley Orgánica de la FGJ precisa que sólo podrá ejercer acciones contra su propio personal, no contra el de otras instancias, como la Fiscalía Anticorrupción.
“El artículo 5º de la Ley Orgánica de la Fiscalía dice que el fiscal general no puede remover a ninguna persona de la Fiscalía Anticorrupción, y el artículo 33 dice que la única manera en la cual el fiscal puede ser removido, es por una solicitud del fiscal general ante el Congreso, en la cual medie un procedimiento administrativo que acredite una falta grave”, manifestó.
ANTONIETA SÁNCHEZ / antonieta.sanchez@diariodemorelos.com