Ciudad de México.– En un fallo que cierra temporalmente el capítulo de una de las solicitudes más controvertidas del sistema penitenciario federal, la jueza Ángela Zamorano Herrera determinó este viernes negar la libertad anticipada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. El priista, símbolo de la corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto, deberá cumplir íntegramente los nueve años de su condena por asociación delictuosa y lavado de dinero, lo que significa que permanecerá en el Reclusorio Norte hasta el 15 de abril de 2026.
La decisión llega tras tres audiencias maratónicas, donde la defensa presentó testigos para acreditar buena conducta, pero la Fiscalía General de la República (FGR) expuso evidencias de irregularidades que desvirtúan esa imagen.
La resolución de Zamorano Herrera se basa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que exige no sólo haber cumplido al menos el 70% de la sentencia —umbral que Duarte superó con creces—, sino también demostrar reinserción social efectiva, ausencia de causas penales pendientes y conducta ejemplar en prisión. La jueza concluyó que el ex mandatario "no reunió a cabalidad" estos elementos, citando específicamente la falta de avance en actividades de reinserción y un historial de sanciones disciplinarias.
Aunque en noviembre de 2024 Duarte obtuvo el sobreseimiento por desaparición forzada —relacionado con la muerte del policía David Lara Cruz—, persisten dudas sobre su cumplimiento total de reparación del daño y su impacto en la sociedad veracruzana.
El contexto de un fugitivo y un desfalco histórico
Javier Duarte de Ochoa gobernó Veracruz entre 2010 y 2016, un periodo marcado por uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de México. Acusado de encabezar una red delictiva que desvió al menos 1,670 millones de pesos del erario —según la extinta Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR)—, Duarte utilizó empresas fantasma para triangular fondos a prestanombres y adquirir bienes de lujo, como ranchos, yates y propiedades en México y el extranjero.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó irregularidades por más de 73 mil millones de pesos durante su administración, incluyendo el uso de agua destilada en quimioterapias para niños con cáncer, lo que exacerbó la crisis humanitaria en un estado azotado por la violencia y la pobreza. Su caída fue tan dramática como su ascenso: en octubre de 2016, Duarte se fugó tras un escándalo mediático que lo vinculaba con el "penthouse" en Londres de su esposa, Karime Macías. Tras seis meses prófugo, fue detenido el 15 de abril de 2017 en Panajachel, Guatemala, donde se escondía bajo el alias "Luis Alberto Blanco". Extraditado a México el 17 de julio de ese año, Duarte se acogió a un procedimiento abreviado y, el 26 de septiembre de 2018, se declaró culpable de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), recibiendo una sentencia de nueve años de prisión, una multa de 58,890 pesos y el decomiso de 40 propiedades.
El cálculo de la pena, de 3,285 días, inició formalmente desde su aprehensión en Guatemala, aunque algunos conteos judiciales lo retrotraen a noviembre de 2017 por formalidades procesales.
Para noviembre de 2025, Duarte ha cumplido aproximadamente 3,125 días —equivalente al 95% de su condena—, restándole sólo 160 días (unos cinco meses) para la liberación total.
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Sentencia total |
9 años (3,285 días) por asociación delictuosa y lavado de dinero |
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Fecha de inicio |
15 de abril de 2017 (detención en Guatemala) |
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Tiempo cumplido (nov. 2025) |
~3,125 días (95%) |
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Tiempo restante |
160 días (hasta 15 de abril de 2026) |
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Multa impuesta |
58,890 pesos (ya pagada) |
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Bienes decomisados |
40 propiedades en México y extranjero |
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Desvío estimado |
1,670 millones de pesos (FGR); hasta 73 mil millones (ASF) |
La batalla en el Reclusorio Norte: Buena conducta vs. objetos prohibidos
La solicitud de libertad anticipada fue presentada en diciembre de 2024, una vez resuelto el caso de desaparición forzada y con el 70% de la pena cumplido.
Las audiencias, iniciadas el 11 de noviembre de 2025, se extendieron por dos aplazamientos —el último el 19 de noviembre, tras casi 12 horas de debate— debido a la complejidad de las pruebas.
La defensa, liderada por Pablo Campuzano, presentó cinco testigos —principalmente funcionarios del Reclusorio Norte— para acreditar buena conducta y participación en actividades culturales y deportivas.
Campuzano enfatizó que "los requisitos son puntuales y no interpretables", y acusó a la FGR de "persecución política" y de fabricar un "circo mediático" con evidencias falsificadas.
Sin embargo, el fiscal Manuel Granados Quiroz desmontó esta narrativa con un expediente de irregularidades: en 2019, se hallaron cuatro latas de alcohol en su celda; además, Duarte poseía un Blu-ray modificado como módem para internet de banda ancha, una pluma con cámara oculta y un teléfono celular —todos objetos prohibidos que derivaron en suspensiones de visitas por 15 días.
La FGR argumentó que estas conductas evidencian falta de reinserción y riesgo para la sociedad, además de que Duarte se resistió en seis ocasiones a comparecer por el caso de desaparición forzada.
El exgobernador, visiblemente molesto, calificó estas imputaciones como "bajas e insultantes" durante la audiencia del 19 de noviembre.
Reacciones: De la defensa a las redes sociales
La defensa de Duarte anunció que evaluará un recurso de apelación, aunque Campuzano reconoció los "tiempos procesales" ajustados, dado que la liberación total está a solo cinco meses.
"Vamos a respetar la decisión, pero confiamos en que se resuelva conforme a derecho", declaró el abogado a medios al salir del Reclusorio Norte, donde familiares como su hermano Cecil Duarte llegaron para la resolución. En redes sociales, particularmente en X (antes Twitter), la noticia generó un torbellino de opiniones. Usuarios como @ReporterosMX_ recordaron el "emblema de corrupción" de Duarte, destacando los desvíos millonarios y el sufrimiento de veracruzanos, con más de 1,100 likes en un post que lo vincula a la crisis de niños con cáncer.
Periodistas como @azucenau y @arturoangel20 —autor del libro Duarte: el Priista Perfecto— criticaron la posibilidad de su salida prematura, argumentando que ni siquiera todos los casos de corrupción federal suman la mitad de los recursos desviados en Veracruz. En Facebook, páginas como "Veracruzanos Indignados" compartieron memes y testimonios de víctimas, acumulando miles de interacciones que exigen "justicia real, no preliberación para saqueadores".
El fallo de la jueza Zamorano no sólo mantiene a Duarte tras las rejas para Navidad y Año Nuevo, sino que reaviva el debate sobre la aplicación de beneficios penitenciarios a figuras políticas. Mientras su defensa medita apelaciones, Veracruz —y México— esperan que este caso sirva de precedente para que la corrupción no se libere tan fácilmente. La historia de Duarte, de gobernador a reo, parece lejos de concluir.