A menos de un mes de que venza el plazo para el pago del refrendo vehicular del transporte público en Morelos, integrantes de la Unión Taxista Morelense solicitaron formalmente una nueva ampliación del periodo de regularización, pese a que en el mes de mayo se les otorgó una prórroga que vence el 31 de julio.
De acuerdo con José Antonio Arizmendi Quintana, representante de dicha agrupación, el avance en los trámites apenas alcanza entre el 40 y 50 por ciento del total de unidades en circulación ante la falta de recursos económicos entre los concesionarios, lo que dificulta que todos logren cumplir con los requisitos antes del cierre del mes.
Actualmente, los permisionarios tienen como fecha límite el 31 de julio para cubrir el refrendo vehicular, luego de que en mayo pasado se otorgara una extensión de dos meses por las mismas razones.
“Consideramos que no va a dar tiempo de sacar adelante todos los trámites del servicio público de transporte. Queremos ver la posibilidad de que se haga una ampliación del plazo estipulado, para que nos den el espacio para terminar todo lo que está pendiente”, declaró Arizmendi.
Según cifras de la organización, en la zona centro del estado operan entre 12,000 y 14,000 unidades, de las cuales solo la mitad ha avanzado en la regularización. Parte del rezago, según el líder transportista, se atribuye a la falta de organización entre los mismos permisionarios, pero también a la difícil situación económica que enfrentan.
También, explicó que a esta petición se agrega una solicitud para reducir los costos de la renovación de concesiones, otorgadas en 2014, que este año deben ser actualizadas al cumplirse su vigencia de diez años. El costo del trámite ronda los 7,000 pesos, lo que Arizmendi Quintana consideró como una carga para muchos operadores.
“El costo nominal de una concesión en 2014 fue de 25,000 pesos. Hoy la renovación cuesta 7,000, casi una tercera parte del valor comercial actual. Sin embargo, hay que considerar que las concesiones se han depreciado mucho: antes valían hasta 300,000 pesos en Cuernavaca; ahora están en 20,000 o 25,000 por la saturación del parque vehicular y la presencia de aplicaciones de transporte”, explicó el dirigente.
Arizmendi estimó que al menos el 50% de los concesionarios con trámites de renovación pendientes aún no han pagado, en parte porque esperaban un posible beneficio económico por parte de las autoridades. Por ello, además de pedir más tiempo, solicitaron una audiencia con el Poder Ejecutivo estatal para plantear la necesidad de intervención directa de la Secretaría de Hacienda en la asignación de apoyos.
La decisión sobre una nueva prórroga o el otorgamiento de apoyos económicos dependerá ahora del diálogo con las autoridades estatales y del análisis financiero de las instancias competentes.
Salvador Rosas / salvador.rosas@diariodemorelos.com