La investigación, iniciada en enero de 2021 a partir de una denuncia competidora, reveló que Telcel otorgó incentivos financieros a Oxxo (propiedad de Femsa) e IMMEX para que únicamente comercializaran sus tarjetas SIM, excluyendo las de otros operadores. Esta estrategia, activa hasta enero de 2024, limitó la oferta de servicios móviles y recargas para los consumidores, afectando la libre competencia.
Además, el IFT aplicó sanciones por 19.5 millones de pesos tanto a Oxxo como a IMMEX, al considerar que facilitaron dichas prácticas anticompetitivas al aceptar los beneficios ofrecidos por Telcel.
Telcel rechazó categóricamente la multa y calificó el proceso como “arbitrario y desproporcionado”. En un comunicado dirigido a la Bolsa Mexicana de Valores, señaló que la investigación fue parcial y basada en “dichos de un competidor”, adelantando que impugnará la resolución ante las instancias legales correspondientes. Femsa también anunció que recurrirá la decisión, argumentando que va en contra de su modelo de negocio basado en la competencia abierta.
Esta multa se añade a otros procesos iniciados por el IFT y la Procuraduría Federal del Consumidor en contra de Telcel y América Móvil, en el contexto de una regulación competitiva creciente. En noviembre pasado, se actualizaron medidas asimétricas para la empresa, como exigir equipos desbloqueados y eliminar plazos forzosos en los contratos de pospago, además de prohibir bonos condicionados a la compra de equipo.
Analistas consideran que la sanción marca un punto de inflexión en el mercado de telecomunicaciones mexicano, al establecer un precedente contra las prácticas de exclusividad en canales clave como las tiendas de conveniencia. Sin embargo, el impacto operativo podría ser limitado si Telcel logra frenar la multa en tribunales. Mientras tanto, la resolución del IFT continúa vigente y obligará, de momento, a eliminar estos incentivos, lo que podría ampliar la diversidad de opciones disponibles para los consumidores.