Fue muy extraña la renuncia del director general de Pemex el mes pasado. De la nada, Víctor Rodríguez apareció en un video con la presidenta Sheinbaum en el que ella explicaba:
“Yo lo invité a participar y él me dijo: ‘te ayudo pero sólo un año, o año y medio’, porque él es académico y su deseo era regresar a la academia. Al final se quedó año y medio por petición mía, pero él ya manifestó su deseo de volver a la academia”.
Pemex representa el reto financiero más grande del gobierno. ¿Por qué aceptaría la presidenta a un colaborador que sólo estuviera en el cargo un año, máximo año y medio, cuando ella misma sabe que nadie va a resolver el problema de Pemex en tan corto tiempo?
Por eso a todo mundo le pareció rarísima la renuncia.
Lo que no sabíamos en ese momento es que dos meses antes de su renuncia, su historial de violencia intrafamiliar había quedado grabado en una cámara doméstica. Y que su esposa, la señora María Felicia Jiménez, había llegado al límite y estaba dispuesta a hacer público ese video en el que el entonces director general de Pemex forcejea con ella, la golpea, la empuja, la avienta repetidamente e incluso trata de tirar la cámara que está grabando.
La línea de tiempo mueve a la sospecha: la agresión quedó grabada el 15 de marzo, la extraña renuncia se difundió el 15 de mayo y el video se hizo público el 25 de junio.
Esto obliga a preguntar si la presidenta Sheinbaum sabía de las agresiones perpetradas por su cercano colaborador, si sabía de la existencia de una videograbación que lo exhibía, si decidió por eso separarlo del cargo para no pagar el costo político de tener en el gabinete a un violentador de mujeres, si optó por encubrir la agresión intrafamiliar apostando porque no se sabría.
Estas dudas vienen a cuento porque estamos frente a un régimen encubridor al límite del descaro: evidencias en video son desdeñadas, audios que confiesan delitos no llevan a nada, acusaciones verbales son minimizadas y arrojadas al basurero judicial del “que presente su denuncia”.
La primera reacción de la presidenta cuando le preguntaron del asunto el viernes fue justo esa: “Se le va a dar toda la ayuda (a la víctima). Y si ella quiere presentar denuncia, que presente denuncia”.
De inmediato, los especialistas en Derecho recordaron que el artículo 343 Bis del Código Penal Federal determina que la violencia familiar entre integrantes de una pareja se persigue de oficio. Esto significa que las autoridades están obligadas a actuar de inmediato al conocer el caso, sin necesidad de que la persona afectada presente denuncia.
Tres días después, en la mañanera del lunes, endureció el tono: “que se aplique la ley, todo el peso de la ley. Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como estos. Entonces tiene que entrar la Fiscalía de Morelos, porque fue en el estado de Morelos, entonces es un delito estatal, y tiene que aplicarse la ley, porque no puede haber violencia contra las mujeres. Aquí no es que es conocido de uno y entonces se aplica algo distinto, no”.
Veremos qué tanto se aplica la ley. Y mientras tanto, la pregunta se sostiene: ¿la presidenta sabía?
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