Los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal.
Enrique Tierno Galván, Político e intelectual español.
A la luz de lo visto, leído y oído, hacer gobierno para algunos no sólo significa “el honor” de servir a la sociedad sino, mejor aún, la oportunidad de cuajar jugosos negocios.
Es muy probable que por la opción de dar un golpe de timón hacia una vida desahogada con dinero, bienes y otros privilegios, los espacios de gobierno son buscados afanosamente.
La historia de muchos que juran cumplir la ley y no mancharse las manos, para luego mostrarse como vulgares pillos que defraudan a Morelos, tiene episodios como el relacionado al ex gobernador Sergio Alberto Estrada Cajigal.
También como oportunidad comercial por fin de temporada, entre mayo y septiembre de 2006, el saliente gobernador Estrada Cajigal estuvo coludido o fue omiso en una maniobra fraudulenta a partir de dos contratos que sumaron poco menos de 60 millones de pesos.
Con modus operandi similar al utilizado para la tramposa Red Inalámbrica de comunicación de Gemtel por 23 millones de pesos y con los mismos colaboradores que cuajó este negocio, el gobierno estradista sacó beneficios de un programa de chequeos médicos del Seguro Popular.
La empresa agraciada para recibir los contratos sin concursar para la realización de más de 50 mil “check ups” fue “Especialidades Médicas S.A. de C.V.” sin más antecedentes en la materia y manejada por un abogado con especialidad fiscal, Joaquín Fernández Urbán, no desconocido del gobernador Estrada Cajigal y familiares.
En un exhorto de investigación del Senado de la República a la Secretaría de la Función Pública, también, se consignó que sólo se aplicaron 6 mil 182 “check ups”, es decir el 12 por ciento, pero se pagó el 100 por ciento de los contratos, 35 millones del primero y 24 millones de pesos del segundo.
Es decir, tampoco no se cumplieron las condiciones de rigor en todo tipo de contratos de esta índole, que el total del pago se debe hacer contra el cumplimiento pleno de los bienes o servicios que ampararon aquellos contratos.
Otra muestra de que “Especialidades Médicas S.A.” nació de manera repentina para ese efímero negocio en particular lo evidenció su también rápida desaparición en la proveeduría de servicios al sector público, no así su sedicente dueño Fernández Urbán, quien luego se vio relacionado en un conflicto legal por el despojo de un inmueble en la Ciudad de México.
CÓMPLICES DE ACCIÓN U OMISIÓN
En tanto miles de personas de escasos recursos, carentes de seguridad social, se quedaron sin los estudios clínicos que darían pie al potencial tratamiento de sus enfermedades bajo el programa Seguro Popular, en el atraco multimillonario de los “check ups” confluyeron más personas.
Los que fueran oficial mayor y director general de Recursos Materiales del Gobierno de Morelos, Alfonso Pedroza Ugarte y Jorge Mario Arregui Uribe, respectivamente, fueron parte de las transacciones, habiendo sido sancionado el primero con una inhabilitación “chocolate”, no por este caso sino por el de la Red Inalámbrica de Gemtel.
Desde luego los contratos y otros documentos fueron firmados y/o avalados por los altos y medios mandos del área de Salud estatal, y es ahí donde aparece la corresponsabilidad penal o administrativa, por acción y omisión, del secretario de Salud Antonio Campos Rendón.
Además, la oficina del Régimen Estatal de Protección Social en Salud debió observar el cumplimiento cabal del servicio de la contratista, sin embargo no lo hizo a través de sus directores Adolfo Valdez Escobedo y Luis Carlos Fregoso Velásquez.
Otros que debieron investigar las irregularidades, optaron por voltear hacia otro lado y el paso del tiempo se encargó de dejar impune el atraco y burla a la sociedad morelense que aún puede tener a la vista a algunos de estos protagonistas.
Por: El Santo Oficio / santo.oficio@diariodemorelos.com / Twitter: @ElSantoOficio_