El gobierno estatal enviará al Congreso local una reforma a la Ley General de Movilidad y Transporte, luego de que concesionarios del transporte público realizaron una mala interpretación de uno de sus artículos transitorios, lo que derivó en inconformidades y recursos legales.
El jefe de la gubernatura del estado, Javier García Chávez, informó que el ajuste se realizará específicamente al octavo artículo transitorio, con el objetivo de aclarar que la transición del modelo Hombre-Camión a Empresa-Camión es voluntaria y no obligatoria, como erróneamente entendieron los transportistas.
Dicho transitorio establece que las concesiones, permisos y autorizaciones otorgadas antes de la entrada en vigor de la ley seguirán vigentes en los términos en que fueron expedidas, siempre que estén debidamente regularizadas, aunque “sus titulares deberán ajustarse a las obligaciones de transición, operación, seguridad y equipamiento” en los plazos que fije el Reglamento.
Estas declaraciones fueron realizadas tras una reunión con representantes del sector, García Chávez calificó el encuentro como productivo y enmarcado en una política de diálogo permanente, al señalar que únicamente será necesaria una reforma mínima en la redacción de una palabra para evitar interpretaciones incorrectas, sin modificar la estructura ni el fondo de la ley.
Aseguró que no habrá actos impositivos ni unilaterales, y que existe coincidencia entre autoridades y transportistas en que la nueva legislación debe beneficiar principalmente a los ciudadanos y usuarios, mediante un transporte moderno, eficaz y eficiente. También señaló que, una vez realizada la reforma con el respaldo del Congreso, no existiría materia jurídica para mantener los amparos promovidos, ya que la transición será claramente voluntaria y progresiva.
El funcionario adelantó que las mesas de diálogo continuarán la próxima semana para afinar detalles, y que el proceso legislativo se retomará una vez que el Congreso reinicie formalmente sus actividades