El Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, incluyó en el Paquete Económico 2026 un nuevo Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) del 8 % para videojuegos violentos o de contenido adulto, tanto en formato físico como digital.
La medida, presentada como un intento por reducir los supuestos efectos negativos de este entretenimiento en jóvenes —ansiedad, aislamiento y conductas agresivas—, ha sido cuestionada por expertos, analistas y consumidores que la consideran más una estrategia de recaudación disfrazada de política de salud pública.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el impuesto generaría alrededor de 183 millones de pesos en 2026, cifra mínima en comparación con otros rubros de ingresos, lo que ha levantado dudas sobre si realmente se busca proteger a la población o simplemente abrir una nueva fuente de recaudación fácil.
Además, especialistas advierten que la medida criminaliza a los videojuegos, una industria cultural que genera empleos y desarrollo tecnológico, en lugar de atender los problemas estructurales de violencia en el país. También señalan que el consumo no disminuirá significativamente, sino que solo encarecerá los títulos para los jugadores, afectando principalmente a la clase media y a los jóvenes.
La propuesta será discutida en el Congreso, pero desde ahora ya ha encendido el debate sobre si se trata de una política pública responsable o de un nuevo parche fiscal con un enemigo equivocado.
Gobierno busca frenar videojuegos violentos con un 8 % extra en impuestos
