El Gobierno de Estados Unidos valoró positivamente los esfuerzos recientes del Gobierno de México para combatir al crimen organizado, pero también presionó para que se intensifiquen las medidas. En un informe oficial, Washington celebró cooperaciones como el despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera, la incautación de fentanilo y precursores químicos, así como la entrega a Estados Unidos de 29 personas vinculadas con cárteles.
No obstante, el texto estadounidense advierte que aún existe un largo camino por recorrer. De acuerdo con el documento, se requiere un esfuerzo “adicional y agresivo” para desmantelar las redes criminales, especialmente sus laboratorios clandestinos y sus estructuras financieras ilícitas.
En el mismo reporte, Trump enfatiza que la cooperación entre México y Estados Unidos ha mejorado, pero subraya la necesidad de institucionalizar estos avances para que sean sostenibles en el tiempo.
Por su parte, desde México se defiende con firmeza la soberanía nacional. Autoridades han rechazado que la designación de cárteles como “organizaciones terroristas” por parte de Estados Unidos sea una vía para justificar intervenciones militares en suelo mexicano.
Además, bajo este contexto de presión diplomática, también han surgido críticas sobre la efectividad de ciertas medidas. Expertos señalan que aunque los carteles han sido declarados terroristas, su naturaleza económica —más que ideológica— podría limitar el impacto real de sanciones o acciones más agresivas.
En paralelo, el combate al crimen organizado también ocurre dentro de México: según datos del gobierno mexicano, entre el 1 de octubre de 2024 y el 10 de junio de 2025 se arrestaron más de 23,400 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron toneladas de droga y armas, y se desmantelaron casi mil laboratorios clandestinos.