En medio de la pandemia por el COVID-19, cuatro alcaldes están a la espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los proteja de la destitución que ha sido ordenada en su contra, y de los regidores, por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), por incumplimiento del pago de sentencias laborales y laudos.
Las controversias constitucionales con las que los alcaldes se están defendiendo forman parte de la lista de asuntos pendientes de resolver por parte de los ministros, y ninguna fue considerada en el orden del día de la primera sesión remota que el Pleno de la Corte tuvo ayer, para avanzar en la atención de algunos temas que tienen prioridad.
El municipio con el mayor número de defensas promovidas es Puente de Ixtla, con cuatro; tres de estas interpuestas recientemente (5/2020, 11/2020 y 44/2020) en contra de la sentencia de la Tercera Sala del TJA del pasado 28 de febrero, y arrastra otra orden de destitución del año pasado que combate con la controversia 323/2019.
A Puente de Ixtla, ex trabajadores de seguridad pública le reclaman el pago de pensiones y liquidaciones.
Los otros ediles sobre los que ambos tribunales han emprendido acciones de destitución son los de Yautepec, Xochitepec y Joncatepec.
En las controversias constitucionales 332/2019, 354/2019, 334/2019 y 34/2019, respectivamente, los munícipes están solicitando que la Corte declare la invalidez de los artículos, tanto de la Ley Orgánica del TJA, como de la Ley del Servicio Civil, que les dan facultades para ordenar su superación del cargo por conflictos labores con ex trabajadores.
Los alcaldes argumentan que ambos ordenamientos, aprobados y decretados por los poderes Legislativo y Ejecutivo, respectivamente, invaden la esfera constitucional que otorga autonomía a los municipios.
ANTONIETA SÁNCHEZ
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