En el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018, se crearon los llamados Delegados de Programas para el Desarrollo (DPD); se les conocería como los “superdelegados”.
El nuevo modelo de administración fue parte de la austeridad republicana. La presencia de la Federación en las entidades federativas se efectuaba por medio de 2300 delegaciones. El presupuesto para su operación era de más de 5 mil millones de pesos. La intención era reducirlo a 3.5 mil millones. Nada mal. No sabemos si se redujo dicho gasto…
La creación de la figura de superdelegados provocó reacciones en algunos Estados, pues las administraciones locales advirtieron que se trataba de gobernar el territorio con funcionarios que no habían sido electos. Se veía la intención de centralizar aún más al gobierno.
La buena relación gobierno federal-gobiernos locales puede beneficiar a la comunidad al resolver problemas sociales. El nuevo modelo de las Delegaciones de la Secretaría del Bienestar y la Coordinación de Programas para el Desarrollo pretendía ser la manera de hacer más eficiente a la administración pública. Las relaciones intergubernamentales son sumamente complejas, y demandan de los superdelegados conocimiento, experiencia y habilidades especiales para lograr una buena relación con las autoridades locales. Si funcionaba, permitiría una transformación eficaz y positiva en beneficio de la sociedad.
En el libro Los “Superdelegados y la Caja de Herramientas Federales” de Francisco Tortolero Cervantes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México 2020 (https:biblio.juridicas.unam.mx/bjv), plantea las ventajas que tiene el modelo de los superdelegados, como la estructura para lograr una mejor gobernanza en los Estados. Pero advierte que la intención de tener mecanismos para resolver los problemas sociales que enfrentan las entidades, se vio frenada al haber designado Superdelegados sin el perfil adecuado y privilegiando los criterios políticos. Estos dependían directamente de la Presidencia.
“La implantación de emisarios personales del presidente pareciera crear un cuello de botella más, como si toda decisión pública del país tuviera que transmitirse hasta el Palacio Nacional para ser funcional.” Tortolero subraya así la intención de centralizar las decisiones, para supuestamente superar el presidencialismo del viejo régimen que generaba clientelas.
La elección pasada demuestra la verdadera cara del sistema de Superdelegados. Las designaciones se dieron por decisiones políticas. Permitieron, gracias al manejo de los recursos, promover candidaturas a puestos de elección.
Tortolero encontró que los superdelegados utilizaron a los padrones, a los funcionarios y a los Servidores de la Nación para impulsar candidaturas, como lo denunció alguna vez la propia dirigente de Morena Yeidckol Polevnsky.
Las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública de 2018, establecieron que los superdelegados fueran facilitadores de los programas sociales, para evitar la corrupción mediante disminución de de la burocracia. Permitirían hacer llegar de manera directa a los beneficiarios, los recursos de los programas sociales. Esa realidad fue utilizada como plataforma política para impulsar candidaturas. Así, 21 de los 32 Superdelegados fueron candidatos de Morena para alguna posición ; 12 obtuvieron su escaño por elección directa o designación por representación proporcional, y 9 fueron derrotados.
En Morelos, el nombramiento de superdelegado recayó en el representante ante el INE del Partido Encuentro Social, quien renunció a su cargo unos meses después, y fue sustituido por otro miembro de ese partido.
La intención de una simplificación administrativa de las delegaciones para el reparto de los recursos de manera eficiente y sin corrupción, se convirtió en parte de una estrategia electoral que llevó al poder a 11 de 15 gobernadores de Morena en las pasadas elecciones.
Los resultados muestran que el esquema ideado sirvió a las acciones del gobierno federal para fines políticos. Lamentablemente no lograron eficaz manejo de los temas relevantes: el control de la pandemia y el sistema de seguridad social; el apoyo a las pequeñas y medianas empresas para resistir la crisis y proteger el empleo, o la creciente violencia criminal.
Los Superdelegados son una buena idea que falló en su objetivo social , por el sesgo político con el que fueron designados. Pero triunfó en su verdadero objetivo: el electoral.
Por: Ariel Homero López Rivera opinion@diariodemorelos.com