El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), creado en la reforma constitucional de 2016, es un buen resultado en la elaboración de una política pública. Para lograrlo, se siguió un proceso en que destacan las buenas prácticas. Es un sistema que proviene sustancialmente de la sociedad desde el principio. Surge de los cimientos aportados en la construcción del movimiento por la transparencia a propuesta formulada por el llamado Grupo Oaxaca. Puede decirse que fue el primer gran paso. Obligó al gobierno a ser transparente.
Para crear el SNA se llevó a cabo una gran convocatoria y se instalaron foros en los que participaron intelectuales, académicos, sociedad civil y entes gubernamentales. Un ejercicio que logró una propuesta seria, incluyente, propositiva y de gran calado. 10 artículos constitucionales fueron modificados para integrar el sistema que incidiera en los tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal, en los tres poderes y todos los organismos autónomos. Se le dotó así, del sustento legal indispensable para su funcionamiento. Luego, las entidades federativas harían el procedimiento para crear el marco jurídico local. El SNA es en realidad un macro sistema que quedó organizado por cuatro grandes cuerpos: el Comité Coordinador del SNA, la secretaría Ejecutiva del SNA, El Comité de Participación Ciudadana formado por cinco ciudadanos, El Sistema Nacional de fiscalización, presidido por un comité rector y los sistema locales anticorrupción que configuran a imagen del sistema nacional.
El comité coordinador del SNA a su vez, lo integran seis instituciones y el Comité de Participación Ciudadana: La SFP, la ASF, el CJ, el INAI, el recién creado Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y la Fiscalía Anticorrupción. Es decir, abarca la totalidad del espectro de la administración pública. Sin duda una gran noticia para los mexicanos cansados de la corrupción galopante de los últimos decenios en todas la esferas del poder.
Como todo lo nuevo y en beneficio de la sociedad, ha tenido que enfrentar obstáculos para su creación. El poder se resiste a ser vigilado, revisado y sancionado. La designación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC), han pasado por dificultades severas para hacerlo funcionar. La 4T no ha manifestado mucho interés en su funcionamiento. Lo mismo que en el sexenio anterior, no permitió que se integrara con la eficacia que debería.
En Morelos el proceso se inició con problemas. El congreso local no siguió el procedimiento marcado por la ley para designar a los consejeros ciudadanos, violándola. El proceso tuvo que ser repuesto. Designado el comité de 9 ciudadanos, se dieron a la tarea con profesionalismo, seriedad y apegados a la norma para designar a los cinco consejeros ciudadanos de manera transparente y pública. Esperaron con paciencia a que el juzgado declarara inconsistente el comité designado arbitrariamente por el congreso. De esta manera se constituyó el primer CPC. ¿En qué momento y por qué no se avanzó designando al órgano encargado de operar y apoyar al sistema: la Secretaría Ejecutiva? Falta de altura de miras de los responsables. Falta de talento. Falta de responsabilidad y congruencia. Morelos es el único Estado de la República que no ha podido instalar al Secretario Técnico, eje del Sistema Estatal Anticorrupción de Morelos.
La corrupción es un fenómeno muy especial. Parece que todos quieren eliminar las prácticas nocivas y sin embargo cuando se tiene la oportunidad, algo sucede que nomás no avanzamos. La corrupción en tiempos de López Portillo llevó a Miguel de la Madrid a tener como eje de su campaña política el lema de “Renovación moral de la sociedad”. Se creó la Secretaría de la Contraloría y Lauro Ortega creó la similar en el estado. El Estado ha fallado en construir un sistema que genere confianza. Nos hemos convertido en una sociedad incrédula de los decires y propósitos del gobierno. Muy mala cosa. Por donde se le mire el barco parece hacer agua.
Para la gente todos los gobernadores son tranza, su gente es tranza, “el que no tranza no avanza” .Los diputados son famosos por su proclividad a darse buen presupuesto y no rendir cuentas del mismo. Los desvíos de los recursos son conocidos y no se ven acciones correctivas ni sanciones a los responsables. El agente de tránsito, el partido político, el policía, el servidor público, quienes administran recursos públicos, etc. Los presupuestos de obra pública pasan por licitaciones amañadas. Se adjudican bienes a sobreprecio o que no se entregan….la lista es interminable, y nunca hay sanciones.
Finalmente se crea un sistema que promete dar la lucha en contra de las prácticas corruptas. Un sistema que tiene como objetivo marcar las nuevas pautas del comportamiento de los servidores públicos. Un sistema que los vigile junto con la sociedad a todos: al presidente municipal, a los órganos autónomos, a los funcionarios municipales y estatales. Un sistema que los sancione públicamente si realizan actos de corrupción.
Transparencia Internacional en Latinoamérica considera la percepción de los mexicanos sobre la corrupción, y nos ubica en el último lugar, solo arriba de Venezuela Triste, muy triste realidad.
Ojalá que pronto se materialice el sistema que nos permita avanzar sin tropiezos.
Ariel Homero López Rivera
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