La Cámara de Diputados aprobó este 26 de junio la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, tras cerca de 10 horas de debate. La propuesta, impulsada por la presidencia y encabezada en San Lázaro por Morena y sus aliados, recibió 324 votos a favor y 117 en contra, con la oposición de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
La ley faculta a las instituciones de seguridad —incluida la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana— a acceder sin orden judicial a bases de datos públicas y privadas, como registros biométricos, bancarios, inmobiliarios, vehiculares y telefónicos. También permite consultar información de entidades federativas, municipales e incluso del sector privado, integrándola a una nueva Plataforma Central de Inteligencia.
Los defensores argumentan que esta medida fortalece la coordinación entre autoridades y mejora la capacidad para combatir delitos de alto impacto, al construir “productos de inteligencia” en tiempo real y eliminar la fragmentación informativa.
Sin embargo, la oposición y organizaciones civiles han advertido sobre riesgos de violaciones a derechos humanos y protección de datos. Amnistía Internacional alertó que el acceso sin controles judiciales podría llevar a espionaje político o persecución, y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advirtió que la reforma reactiva modalidades de vigilancia masiva como el PANAUT, declarado inconstitucional.
La ley aprobada forma parte de un paquete legislativo mayor que incluye reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y una nueva Ley de la Guardia Nacional, que redistribuye facultades entre Sedena y SSPC.
El dictamen fue remitido al Senado y se anticipa que será ratificado antes del cierre del periodo extraordinario, el 2 de julio.
Esta nueva ley amplía drásticamente las facultades de inteligencia de las autoridades, habilitando el acceso directo a datos sensibles sin control judicial. Sus promotores aseguran que es vital para combatir eficazmente la delincuencia, mientras que críticos señalan que podría poner en riesgo la privacidad y generar abusos en la vigilancia estatal.