En Morelos se han detectado alrededor de 50 compañías de seguridad privada que prestan servicios sin contar con el permiso estatal correspondiente, según el Consejo Nacional de Seguridad Privada, quien urgió la creación de la Ley General de Seguridad Privada, ya que aseguró que esta problemática representa un riesgo para la sociedad y vulnera los derechos laborales de quienes trabajan en este sector.
En entrevista, el presidente jurídico y de relaciones políticas del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Raúl Sapién Santos, señaló que actualmente se estima que en el país existen alrededor de 10 mil empresas dedicadas a la seguridad privada, de las cuales aproximadamente el 60 por ciento no cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en la legislación vigente.
El primero de agosto se dio a conocer que en Morelos, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC),un total de 35 empresas de seguridad privada fueron sancionadas por operar sin los permisos correspondientes, tras una revisión exhaustiva a todas las compañías del sector que prestan servicio en el estado, muchas de las cuales provienen de otras entidades del país.
Sapién Santos subrayó que esta problemática se debe, en gran medida, a la ausencia de una Ley General de Seguridad Privada, pendiente desde hace casi cuatro años, pese a que su creación es un mandato constitucional derivado de la reforma al artículo 73 de la Carta Magna. Esta normativa, explicó, establecería principios rectores para homologar las regulaciones en todo el país y acabar con la “asimetría jurídica” que actualmente permite la proliferación de empresas “patito” o clandestinas.
"Hoy en día, hay estados que aplican criterios distintos y hasta ocurrencias regulatorias que lejos de formalizar el sector, favorecen a la ilegalidad. Incluso hemos visto que en ocasiones es más sancionada una empresa regular que una irregular, lo que resulta incongruente y fomenta la clandestinidad", sostuvo.
El también directivo del Consejo Nacional de Seguridad Privada puntualizó que, además de los permisos, las empresas deben contar con el Registro de Servicios Especializados (REPSE) y cumplir con sus obligaciones ante el IMSS, Infonavit y SAT, así como con la capacitación y acreditación del personal y equipo que emplean.
En el caso de Morelos, reconoció que la Secretaría de Seguridad Pública estatal ha emprendido una supervisión más activa que en administraciones anteriores, primero con campañas para invitar a la regularización y posteriormente con operativos para retirar de los servicios a elementos de empresas no autorizadas.
Sapién Santos afirmó que ya existe comunicación con legisladores federales y con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que la iniciativa de Ley General de Seguridad Privada pueda presentarse en el próximo período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que inicia el 1 de septiembre.
Finalmente, hizo un llamado a las empresas irregulares a acercarse al Consejo para recibir asesoría y tramitar su permiso estatal, y advirtió que continuarn “denunciando a quienes insistan en operar fuera