Una fuga de combustible desencadenada por actividades de huachicoleo en la colonia Tololotlán, Tonalá, ha provocado la evacuación de 2,100 residentes. Las autoridades locales, junto con elementos de seguridad, están trabajando para controlar la situación y mitigar riesgos para la población.
La mañana del 9 de febrero, a partir de las 5:50 am, los residentes de Tonalá alertaron sobre un fuerte olor a gasolina en la zona. Prontamente, se descubrió que este aroma provenía de una fuga de combustible en la colonia Tololotlán, desencadenada por la actividad clandestina de huachicoleros en un ducto de gasolina.
Las autoridades, incluyendo la Secretaría de Defensa Nacional y la Guardia Nacional, respondieron al llamado de emergencia y evacuaron a los residentes de la zona de riesgo, abarcando también áreas de los municipios vecinos de Juanacatlán y El Salto.
Así se veía esta mañana el poblado de Tololotlán y alrededores, después de una fuga de hidrocarburo que provocó que por precaución, hayan sido evacuadas alrededos de 100 personas. pic.twitter.com/X9m1V92d3p
— La Cascada (@CascadaNoticias) February 9, 2024
A pesar de los esfuerzos para contener la fuga, que alcanzaba una altura de hasta 15 metros, esta aún no ha sido controlada por completo, manteniendo en alerta a las autoridades y a la población afectada.
#Importante atendemos en coordinación con @Pemex y @SeguridadTon fuga de hidrocarburo en la localidad de Tololotlan en el municipio de Tonalá. pic.twitter.com/KtVXwsO000
— Protección Civil JAL (@PCJalisco) February 9, 2024
Consecuencias y medidas tomadas
La manipulación ilegal de ductos de combustible representa un grave riesgo para la seguridad pública y el medio ambiente. Además de la evacuación de los residentes, se ha solicitado la intervención de Protección Civil, Bomberos de Jalisco y Tonalá, así como del Ejército Mexicano y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) para contener la situación.
El huachicoleo no solo constituye un delito, sino que también tiene consecuencias económicas y ambientales devastadoras. Este acto ilegal no solo implica el robo de recursos propiedad de entidades legalmente establecidas, sino que también pone en peligro la vida de las personas y el medio ambiente, además de generar pérdidas económicas significativas para las empresas y el estado.