Un grupo de la comunidad indígena de Hueyapan expresó su preocupación ante las acciones recientes del Concejo Mayor del municipio, que, en una asamblea general, buscó derogar el sistema normativo interno vigente. Este sistema es considerado un pilar fundamental para garantizar la autonomía, los derechos humanos y los derechos colectivos de la comunidad.
A pesar de que la población ya había manifestado su rechazo en asambleas previas, el Concejo Mayor, encabezado por Cleofas Escobar y Mateo Pérez, junto con la legisladora Guillermina Maya Rendón, insiste en imponer cambios que, según el comunicado de la comunidad, representan graves violaciones al marco legal nacional e internacional, como el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación.
El sistema normativo interno de Hueyapan ha sido clave para proteger los derechos colectivos, garantizar la participación ciudadana y cuidar el territorio de la comunidad. Desde junio pasado, los concejales comenzaron a promover modificaciones a estas normas, pero la comunidad expresó su oposición rotunda en diversas asambleas de barrio.
Sin embargo, el Concejo Mayor decidió avanzar con su iniciativa que ignora el consenso comunitario y pone en riesgo derechos fundamentales.
El comunicado, emitido por un grupo de la comunidad de Hueyapan y difundido por Delia Ramírez Castellanos, señala que las acciones del Concejo Mayor violan múltiples disposiciones legales, entre las que destacan: el Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía; el convenio 169 de la OIT; así como la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Por lo que este grupo de la comunidad de Hueyapan consideró que estas acciones son un retroceso en los derechos adquiridos y una afrenta a los principios democráticos que deben regir las normativas internas. Por ello, demandaron la anulación de la asamblea del 15 de diciembre y las disposiciones aprobadas en ella, la intervención de las autoridades competentes para garantizar el respeto a los derechos humanos y la autonomía comunitaria y la aplicación de consultas previas, libres e informadas en futuras reformas normativas.