Las policías preventivas están envejeciendo, y se quieren jubilar.
Así lo revelan las estadísticas de juicios iniciados ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) por parte de efectivos de las corporaciones de seguridad pública, en el estado y los municipios.
El magistrado presidente del Tribunal, Guillermo Arroyo Cruz, informó ayer que el año pasado los juicios relacionados con las prestaciones laborales de policías aumentaron 30%, en relación con 2021, y el incremento ha sido una tendencia en los últimos años.
“Hay muchos policías que se están jubilando, ministerios públicos que están pidiendo ya su pensión, peritos que también están en ese proceso de jubilación”, expuso el representante del TJA al hablar del tema.
Consideró que se trata de una situación natural, ante el cumplimiento de la mayoría de quienes han solicitado pensión por haber llegado a la cesantía y haber acumulado entre 18 y 30 años de servicio, así como a la llegada del relevo generacional.
Arroyo Cruz agregó que el aumento de juicios por pensión tiene un doble impacto en la plantilla laboral de las instituciones de seguridad, porque, por un lado, aumenta la nómina de pensionados, y por otro, hay que contratar a un nuevo elemento que supla la vacante que se generó.
A esto se debe que, en su mayoría, los municipios se resistan a acatar las sentencias del TJA a favor de efectivos policiacos que solicitan su retiro.
“Encontramos resistencia, porque los municipios vienen arrastrando números rojos, casi todos, en esta materia”, dijo.
Pero advirtió que cumplir con estas sentencias es una obligación y los cabildos que se nieguen a ello corren el riesgo de que sus miembros sean destituidos e inhabilitados.
Actualmente, refirió que los ayuntamientos que se encuentran en ese riesgo son Puente de Ixtla, Ocuituco, y Tlaquiltenango.
ANTONIETA SÁNCHEZ / antonieta.sanchez@diariodemorelos.com