A través del CCE, el sector empresarial se dijo sorprendido con la publicación del reglamento

CUERNAVACA, MORELOS.- El sector privado se rebela contra la entrada en vigor de la llamada Ley de Videovigilancia, con la publicación en el periódico oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado, de su reglamento a pesar de la existencia de amparos que fueron promovidos en contra de su aprobación en el Congreso por la presunta invasión y vulnerabilidad de la intimidad de los ciudadanos.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Antonio Sánchez Purón, indicó que la iniciativa privada, aglutinada en esa cúpula empresarial, analiza la ruta legal con la que ofrecerá resistencia a su aplicación.

Primero, porque desde que la LIV Legislatura inició la discusión de la iniciativa, los empresarios expresaron su rechazo, y segundo, porque no han sido tomados en cuenta para expresar su opinión sobre el proyecto.

Sánchez Purón agregó que el sector privado estuvo de acuerdo en su momento de desistirse de los amparos, si el Gobierno Estatal, a través de la Secretarías de Seguridad y la Dirección Jurídica, los tomaba en cuenta a la hora del análisis del reglamento, pero no ocurrió así.

Todo lo contrario, fueron tomados por sorpresa con la emisión de la reglamentación que lo obliga a cumplir con la Ley que Regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad Pública del Estado, popularmente conocida como de Videovigilancia.

MANDATA CONGRESO DE LA UNIÓN

Cabe señalar que la ley habla de la firma de convenios voluntarios, mediante los cuales, los sistemas de videovigilancia privados serán conectados al sistema de seguridad de la Comisión Estatal; sin embargo, en los artículos transitorios precisa que cualquier persona que cuente con sistemas de este tipo deberán reportarlos a la CES en un periodo de 120 días.

Además la aprobación de esta ley y ahora de su reglamento, responde a un mandato que el Congreso de la Unión dio a los Estados tras la creación de la ley general en la materia, como parte de un paquete de ordenamientos orientados a actualizar el marco jurídico con el avance de las nuevas tecnologías en la prevención y seguridad.

CON FINES ESTADÍSTICOS

La ley indica que la información que generan estos equipos solo puede ser utilizada con fines estadísticos de la delincuencia, mapas delincuenciales, políticas de seguridad y prevención y combate del delito; aún así, prevalece el riesgo sobre la violación del derecho de las personas a la privacidad y por ello, la Comisión de Derechos Humanos también promovió una controversia.

Por ANTONIETA SANCHEZ / antonieta.sanchez@diariodemorelos.com

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