La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) celebró las primeras medidas que implementó el gobierno estatal en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya tras los incidentes del pasado 5 de octubre ya que durante la administración anterior no se atendieron las recomendaciones emitidas en esta materia.
La secretaria ejecutiva de la CDHM, Nadxieelii Carranco Lechuga, lamentó que desde 2019 no se dio cumplimiento a las recomendaciones y observaciones de la Comisión, a pesar de que se presentaron casos en los que se emitieron recomendaciones debido a riñas, motines, suicidios y un incremento en la adicción a las drogas entre Personas Privadas de su Libertad (PPL).
La funcionaria celebró que, tras el motín del 5 de octubre, cuando se revelaron casos de extorsión a familiares de PPL, el gobierno estatal actuó rápidamente para informar a la ciudadanía que no deben pagar ninguna cuota y para incentivar la denuncia de estos actos.
“Es importante que las familias sepan que no deben pagar absolutamente nada para ingresar a visitar a sus familiares, y esto se reflejó en la primera visita posterior a la información oficial, en la cual más personas pudieron acudir a ver a sus seres queridos”, puntualizó.
Carranco Lechuga mencionó que actualmente trabajan en el Diagnóstico Estatal de Reinserción Social 2024 y esperan que las recomendaciones derivadas se implementen en la nueva administración. Reconoció como un acierto que la Gobernadora Margarita González Saravia haya manifestado en ocasiones anteriores la necesidad de humanizar los centros de reinserción social.
La secretaria subrayó que entre las recomendaciones más importantes están aquellas relacionadas con el hacinamiento y el autogobierno dentro de los centros. “Existen celdas diseñadas para cinco o seis personas donde actualmente se albergan hasta 60, y en algunos lugares las decisiones internas no son tomadas por las autoridades, sino por los propios internos”, indicó.
Asimismo, expresó su preocupación por el incumplimiento de normas internacionales, como las Reglas Mandela, las cuales buscan garantizar la seguridad, dignidad y acceso a servicios médicos inmediatos, así como la atención de abogados defensores que den seguimiento puntual a los procesos legales, una de las áreas que considera prioritario mejorar.