Diversos sectores de la sociedad civil han expresado su preocupación ante lo que consideran una estrategia del Gobierno de la Ciudad de México para minimizar o desviar la atención de posibles protestas sociales durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las críticas se centran en la implementación de medidas de seguridad y eventos culturales que, según los detractores, podrían estar orientados a controlar la expresión ciudadana en lugar de fomentar la participación.
El Gobierno capitalino ha anunciado la instalación de más de 40 mil cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo declarado de garantizar la seguridad de los visitantes y residentes durante el evento deportivo. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos han señalado que esta medida podría ser utilizada para monitorear y disuadir manifestaciones públicas, especialmente en un contexto donde se espera la llegada de más de cinco millones de turistas.
Además, se ha informado sobre la creación de "Fan Zones" en las 16 alcaldías de la ciudad, espacios destinados a la transmisión de los partidos y actividades recreativas. Si bien estas zonas buscan descentralizar la experiencia del Mundial y promover la convivencia, algunos analistas consideran que también podrían servir para dispersar concentraciones masivas y limitar la organización de protestas en áreas centrales.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha defendido estas iniciativas como parte de una estrategia integral para posicionar a la Ciudad de México como una sede ejemplar del Mundial 2026. No obstante, la falta de mecanismos claros para garantizar la libertad de expresión durante el evento ha generado inquietud entre activistas y académicos, quienes advierten sobre el riesgo de que se priorice la imagen internacional de la ciudad por encima de los derechos ciudadanos.
En este contexto, diversas organizaciones han llamado a establecer canales de diálogo con las autoridades para asegurar que las medidas implementadas en el marco del Mundial respeten los derechos fundamentales y no se conviertan en herramientas de represión o censura.