El del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, apenas empieza y, largo su camino como suelen los procesos penales, probablemente terminará en prisión. Aparte de que le sea o no comprobada la imputación de que recibió un soborno de 10.5 millones de dólares, desde ahora la pregunta número uno es si Lozoya se habría quedado con todo el dinero de la tranzota de Odebrecht, o si lo compartió con el ex presidente Enrique Peña Nieto. Amparado, por el momento evade la orden de aprehensión que pesa en su contra, lo que da lugar a la pregunta dos, de si huirá o permanecerá en México. Cosa esta última que no logró Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México que, acusado de un megafraude, fue detenido en Mallorca, España. Mismo tema que en el caso de Morelos pone la interrogación de por qué hasta ahora no está preso ni un ex funcionario de la pasada administración. Después de más de treinta denuncias formalmente iniciadas desde la esfera del Ejecutivo y de que la Fiscalía Anticorrupción logró que se dictara auto de vinculación a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público contra la ex secretaria de Obras Públicas, el ex secretario de Desarrollo Sustentable así como el ex subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable, la ex directora de Obras Públicas y un ex supervisor de obra, el hecho es que ninguno ha pisado la cárcel. ¿Por qué? ¿Falta de capacidades para presentar elementos concretos de prueba o meros ímpetus protagónicos estilo el secretario de Obras Públicas, Fidel Jiménez Valdez?.. EN Cuernavaca se puede decir que los abusos de los dueños de estacionamientos públicos han sido más viejos que la tos, que es hasta que Antonio Villalobos Adán está en la alcaldía cuando el desorden es combatido luego de que, presumibles las “mordidas”, por años muchos funcionaron sin permisos. Valga el “yoyismo”: un tema del que, estrellado en el muro de la transa de ediles que llegaron chairos y se fueron fifis, se ocupó repetidamente el columnista: En Cuernavaca la operación de estacionamientos públicos se dio en un juego evidente de valores entendidos con la autoridad municipal. Cobros indebidos, instalaciones inadecuadas y la falta de responsabilidad en el resguardo de vehículos fueron la constante de esos negocios cuyo funcionamiento estuvo inútilmente regulado para la capital morelense. Lo debe saber Villalobos (“Lobo”, pa’ los cuates): Aquel Reglamento de Estacionamientos Públicos entró en vigor el 6 de junio de 1994, pero si bien no prescribió, en la práctica resultó letra muerta. Estableció tarifas autorizadas por el Ayuntamiento de acuerdo a la categoría del establecimiento: por hora, el equivalente al 35% del salario mínimo general diario para los de primera categoría, 30% para los de segunda y 20% para los de tercera. Es decir, los cobros por hora no debieron exceder de 16, 14 y 10 pesos, según las tres clasificaciones. Asimismo, el documento precisó que sólo el cobro de la primera hora debería ser total, aun cuando el usuario permaneciera unos minutos, pero de la segunda hora en adelante proporcional, dividido según el tiempo transcurrido de la siguiente manera: de 0 a 10 minutos que otorgaran una tolerancia sin costo para el usuario, de 11 a 30 minutos, cobrar el equivalente al 50% del costo total de la hora, y de 31 a 60 minutos la hora completa. Pero además de que prácticamente ningún estacionamiento cumplió esta disposición, con cinismo hasta hoy sus letreros advierten que “no hay tolerancia de minutos”, en lugar de anunciar en un sitio visible las tarifas, como lo exigía el dicho reglamento. También estaba prohibido aplicar un cobro adicional cuando perdieran el comprobante, en cuyo caso sólo podían exigirle al cliente que acreditara la propiedad del vehículo. Otra de las disposiciones incluidas en la norma era contar con una póliza de seguro expedida por compañía autorizada, que garantizara “el pago a los usuarios contra todos los riesgos y daños” incluyendo accidentes, robo total, abuso de confianza, incendios, entre otros, pero hasta esta fecha los dueños de los estacionamientos advierten en el reverso de los comprobantes (no facturas, como mandaba la misma reglamentación) que el establecimiento no se hace responsable por ese tipo de percances. Pese a tanto abuso, debieron pasar tres décadas para que los estacionamienteros sintieran que el lobo llegó… DEL correo atrilero, la atención al envío de uno de los cuernavacos que echan pestes versus el negocio de apuestas de Domingo Diez. Afirma haber sido timado, consistente la maniobra en escamotear los pagos a los que apostaron al ganador del torneo futbolero, Tigres, aduciendo empate. Y como este muchos más a los que no les importa la lana; se dicen encabronados por la burla … (Me leen mañana).
José Manuel Pérez Durán
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