En supermercados y plazas comerciales nunca debieron cobrar por estacionar vehículos, pero, voraces, los dueños impusieron el abuso que, vuelto costumbre, persiste. Más poderosas que la autoridad, se impusieron las grandes cadenas de tiendas de auto servicio que siguen cosechando la millonada de pesos que les producen los aparcaderos. Pero como según la autoridad municipal a las plazas y a los “súpers” con licencias de estacionamientos anteriores al 5 de este febrero de 2015 no se les puede aplicar el Bando de Policía y Buen Gobierno, la arbitrariedad ha continuado. Permanente el saqueo a los bolsillos de tanta gente mediante amparos federales, sucede en Cuernavaca y en los demás municipios, enmendados los bandos para adecuarse a la ley de Herodes y el mismo resultado. Pasa cuando la normatividad se estrella en el muro infranqueable del poder del dinero, plausible en su momento la iniciativa del ex diputado panista Javier Bolaños Aguilar por la que los dueños de tales establecimientos no deberían cobrar por estacionar los automotores que sin embargo se quedó en solamente una buena intención… De por sí los estacionamientos son un desastre. Nueve de cada diez violan el Reglamento de Estacionamientos Públicos que data de junio de 1994, que ciertamente no ha prescrito pero también nació muerto. Señala todo lo que no sucede en tales negocios: tarifas de acuerdo a la categoría del establecimiento: por hora el equivalente al 35% del salario mínimo para los de primera categoría, 30% para los de segunda y 20% para los de tercera. Que el cobro de la primera hora debe ser total, aun cuando el usuario permanezca sólo unos minutos, pero proporcional de la segunda hora en adelante y una tolerancia sin costo para el usuario de 11 a 30 minutos. Pero además de que ningún estacionamiento cumple esta disposición, con cinismo insultante sus letreros advierten que “no hay tolerancia de minutos”, en lugar de anunciar en sitios visibles las tarifas como exige el reglamento tan viejo como inútil. Pocos automovilistas saben que también está prohibido que no les cobren cuando pierden el ticket, en cuyo caso sólo puede exigírseles que acrediten la propiedad del vehículo y acordar el tiempo de permanencia. Que deben contar con pólizas de seguros para garantizar “el pago a los usuarios contra todos los riesgos y daños”, incluyendo accidentes, robo total, abuso de confianza e incendios, pero, tramposos, los estacionamenteros advierten en el reverso de los boletos que no se hacen responsables por estos tipos de percances. La división en tres categorías tiene que ver con las características de construcción: si están techados o no, con carriles de entrada y salida, pero aparte la calidad de los estacionamientos todos están obligados a contar con señalamientos del sentido de la circulación y espacios para aparcar, áreas de ascenso y descenso, zona de espera y protección para el público, instalaciones para minusválidos, salida de emergencia y sanitarios para hombres y mujeres. Al final puro cuento, rampante la corrupción que históricamente ha repartido licencias de funcionamiento a estacionamientos públicos que funcionan sin las instalaciones indicadas en el reglamento… Cuernavacense de cepa, Francisco Antonio Villalobos Adán tiene la obligación que también tienen los políticos foráneos pero evaden: gobernar para el bienestar común de los habitantes de Cuernavaca. Con tantas cosas por hacer, una es meter orden en los estacionamientos públicos. Tocaría intereses económicos, pero de unos cuantos solamente comparados con los miles de automovilistas a los cuales beneficiaría. Querer es poder… Y ENTRE las cosas inéditas que están sucediendo, anote el lector estas dos: La diputada priista Rosalina Mazari Espín y el diputado morenista Alfonso de Jesús Sotelo Martínez recurrieron al recurso del amparo federal para no ser destituidos de los cargos de presidenta de la Comisión de Hacienda y presidente de la Mesa Directiva del Congreso Estatal. Esto, en medio de los jaloneos por el paquete 2019 del Gobierno del Estado. Y dos: so pretexto, razón, causa o motivo de lo mismo tienen a mal traer a la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, la petista Tania Valentina Rodríguez, exhibiéndola aprovechada y voraz, aireando la presunción de que incurrió en conflicto de un interés económico pero hecha la acusación por un seudo luchador social sin autoridad moral pues tiene el antecedente de haber sido acusado del delito de despojo… (Me leen después).
Por: José Manuel Pérez Durán