Dados a conocer anteayer los nombres de ocho funcionarios del gabinete de Margarita González Saravia, algunas dependencias cambiarán de nombre. La Secretaría de Movilidad y Transporte será Coordinación General de Transporte, sin lo de “movilidad” y encabezada por Josué Fernández Fernández que sustituirá a Eduardo Galaz Chacón. Pero si “movilidad” lleva implícito el vocablo “transporte”, en esencia vendrá siendo lo mismo, y parecido en otro sentido la Comisión Estatal del Agua que ya existió con esta denominación y el mismo titular, Javier Bolaños Aguilar, el jalapeño-morelense migrado a Cuernavaca desde 1997. Pero de lo que se trata aquí es de que la dicha Coordinación General de Transporte es la más importante del gabinete por los miles de personas que involucra y los cientos de millones de pesos que recauda, de lo cual dan idea los cientos de trámites efectuados por hora en el edificio de la avenida Plan de Ayala. Por ahora la historia:
Transcurría el tercer tercio de los setenta, estaba atrás de la fortaleza del conquistador y le llamaban Base Cortés. El portón miraba a la terraza de los murales de Diego Rivera, abajo de la cual había estado pocos años atrás la terminal callejera de los autobuses Estrella Roja, estacionados en batería los camiones trompudos con puertas adelante y atrás. La Base Cortés era en realidad un corralón polvoriento y bodega de cachivaches de la Dirección de Policía y Tránsito (DPyT) que encabezaba el coronel Enrique Corona Morales, con oficinas de los mandos viales y policíacos en la propia espalda del Palacio de Gobierno. Mudada la DPyT a fines de los setenta a lo que había sido el Hotel Mandel, demolidos años más tarde los cuartuchos de la Base Cortés durante el gobierno 1982-88 de Lauro Ortega Martínez para la construcción del actual Palacio de Justicia, y en la misma época echado abajo el galerón de la discoteca Kaova que años más tarde albergaría el edificio de juzgados, también fueron arrasadas la Posada Cortés y, en la esquina de Las Casas y Leyva, la cantina Boulevard.
Eran unas mil personas de tres dependencias que a ciencia cierta no sabían a dónde debían mudarse, pues nada les decían los funcionarios que se suponía sí sabían. Así que en la Base Zapata privó el desconcierto acompañado del rumor. Se dijo que los trabajadores de la Procuraduría General de Justicia podrían ser reubicados en un edificio de Las Palmas. Todo esto a causa de la sentencia de un juicio mercantil que cambió de dueño el predio del hotel Mandel. Ruinosas, las que habían sido habitaciones y oficinas administrativas amenazaban desplomarse, visibles las cuarteaduras en la pared que ve a la barranca e insistente la versión de empleados con lustros de antigüedad, de que en los inicios del 2000 un peritaje realizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas advertía el riesgo del colapso de la vieja estructura que no sucedió, por fortuna.
Nada que ver con el hoy. Si el servicio de “rutas” de la zona metropolitana y el estado completo anda por los suelos, es porque los usuarios no se organizan como en otras entidades, para boicotear el incómodo, inseguro y peligroso traslado en “rutas”. O los taxistas que tampoco cantan mal las rancheras, pero aceptado oficialmente que, entre otros menesteres delictivos, algunos fungen como “halcones” de la delincuencia organizada. Esto y más en medio del tema del aumento de la tarifa de las “rutas”, de diez a catorce pesos que tardará meses en llegar… (Me leen el lunes).
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